74 RIEGO en potenciar la producción de renovables sobre la base de criterios políticos en lugar de técnicos —porque “es- taban de moda”— pero también en sobrestimar una de- manda energética que finalmente ha resultado ser un 30% inferior a la prevista debido a la crisis. “Pienso que el gobierno ha querido asegurarse estos cobros basados en los costes fijos. Se han encontrado con la sorpresa de que se había previsto un consumo energético para el año del 2013 superior a un 30% al actual, con lo cual las com- pañías están facturando más de un 30% menos de lo pre- visto, por tanto se sigue ocasionando ese déficit”, señala Del Campo. En cualquier caso, si la reforma energética busca real- mente eliminar el déficit de tarifa repartiendo gastos entre Estado, empresas y consumidores —que deberán asumir el 20% de los 4.500 millones de euros que se van a acumular este año—, el presidente afirma que lo justo sería que parte de los consumos industriales (las tarifas de acceso) se cargaran a los Presupuestos Generales para que se asumieran entre todos, como sucede ya con los consumos insulares. Sin embargo, esta reforma carga con un mayor gasto a las actividades industriales que tienen consumos de tem- porada, como es el caso del regadío. Concretamente, aunque contempla una rebaja del 65% en los costes que gravan el consumo (término de energía), aumenta en un 115% los costes fijos (término de potencia). Como los re- gantes tienen un consumo intensivo durante los meses de riego, pero mínimo en el resto del año (abril a octubre), el balance en la práctica es una subida adicional del 20% en la factura, lo que lejos de aumentar el gasto energético para reducir el precio, conseguirá contenerlo. En este sentido, los regantes demandan pagar únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de la época de riego; o como alternativa, firmar un contrato anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo. “Ese 115% que es lo que aumenta la tarifa de riego como consecuencia de esta orden aprobada el mes de agosto, solo beneficia re- almente a las actividades que tengan un consumo con re- gularidad y no a un consumo estacional como el del regadío y como el de muchos sectores productivos del país”, explica Del Campo. “Estos costes energéticos hacen insostenible el regadío modernizado y sólo unas tarifas mejor adaptadas garanti- zarían su viabilidad y nuestra colaboración en la trasfor- mación de las más de un millón de hectáreas que todavía quedan pendientes de modernizar en la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos; una fase que está paralizada por la necesidad de fondos públicos y de unos planes de amortización adecuados al escenario tarifario actual”, apunta el presidente de Fenacore. En este sentido, ya se han dado casos de situaciones en las que el regante no puede hacer frente a tales presiones económicas. “Ya hay zonas de regadíos recientemente modernizadas, es decir, que han acometido fuertes inversiones, y que ac- tualmente están sembrando cultivos típicos del secano. La consecuencia es una reducción drástica en los ingre- sos totales del agricultor y de todo el complejo agroali- mentario, además de la imposibilidad de poder amortizar los nuevos regadíos”, sentencia. panorama