Por último, la relación entre competencia y sector sigue siendo objeto de vivos debates y dependerá de la aplica- ción de las normas de competencia en función del país, si bien se prevé un sistema de unificación de criterios que está por ver cómo funcionará y si se aclarará las actua- ciones de defensa de la competencia, que hasta la fecha no han sido muy ecuánimes con la realidad productiva. A pesar de que la reforma siga una línea continuista, y no afronte los problemas planteados por la propia Comisión Europea, es decir, la falta de rentabilidad de las explota- ciones en un mercado volátil y con una cadena de valor claramente desequilibrada, las políticas de desarrollo rural pueden ser una oportunidad para invertir en la mejora de la competitividad del sector, si bien, serán los Estados miembros quienes decidan aplicar unas medidas u otras en función de sus necesidades. “El nuevo sistema de pagos directos, se vincula a un valor fijo por hectárea que tendrá que converger hacia un valor similar y contará con un fuerte componente medioambiental” Para España, la existencia de un PDR nacional será fun- damental para desarrollar e impulsar un Plan Nacional para la Integración Cooperativa que ayude a las empresas de los productores a ser más fuertes en el mercado y ad- quirir una dimensión relevante que les ayude a afrontar inversiones en competitividad de manera colectiva impo- sibles de alcanzar para una explotación individual. En definitiva, la futura PAC ha optado por el camino del medioambiente y tendrá que ser el sector productor y co- operativo quienes lideren su propia reestructuración, para lo cual habrá que explotar de manera eficiente los esca- sos mecanismos que la nueva PAC pueda aportar.I