Respecto a la figura de ‘agricultor activo’ como único per- ceptor de las ayudas en la nueva PAC, ya ha quedado des- figurada en los acuerdos comunitarios. Se crearon expectativas favorables, que llevan camino de frustrarse. Ahora está en manos del Ministerio de Agricultura español. Hay cierto margen de maniobra. Se debe aprovechar la oportunidad. Aunque la política del ‘status quo’, es decir que nada cambie, puede dar al traste con cualquier avance significativo en la definición de “agricultor activo”. No nos podemos quedar en la famosa “lista negativa”. Es decir, excluir de las ayudas PAC a los aeropuertos, ferrocarriles, campos de golf, inmobiliarias, etc. No parece muy cívico que, en una situación de déficit de la seguridad social, re- ciban ayudas públicas agrarias más de 500.000 percepto- res que no cotizan ni un euro a la Seguridad Social agraria. Resulta también vergonzoso que se excluya de las ayudas PAC a miles de profesionales que cultivan viñedo, frutas y hortalizas, por decisión del Ministerio y Consejerías, pena- lizados en el futuro por no haber recibido ayudas en el pa- sado. Y cómo no, resulta muy lamentable el mantenimiento de los topes máximos de ayudas por ex- plotación en 300.000 euros. De esta manera, los “grandes de España” seguirán cobrando lo que no merecen. Máxi- me después de haber dividido sus explotaciones en diver- sas empresas y ahondar en una PAC que favorece al que tiene más hectáreas y no al activo que trabaja de forma di- recta y personal en la explotación. La agricultura es un sector estratégico que viene a satisfa- cer una necesidad vital, la alimentación, y es fuente de em- pleo y riqueza para nuestros pueblos. La UE y el Gobierno español no pueden permitirse el desmantelamiento de nuestro tejido productivo y en consecuencia la dependen- cia alimentaria en un mercado globalizado y especulativo. Se trataría de una actitud suicida que pagaríamos muy cara los hombres y mujeres del campo, el medio rural, la sos- tenibilidad medioambiental, y por supuesto los 47 millones de ciudadanos españoles. La agricultura y los alimentos no pueden ser una mera mercancía al arbitrio de la especula- ción, sino un derecho universal de las personas como ga- rantía de bienestar social.I