Según la Unión de Petroleros Independientes
"Las modificaciones proyectadas a la LSH presentan fallos que perjudican a los consumidores"
Revista Estaciones de servicio27/04/2015
Upi proyecto ley lsh
El Proyecto de Ley que modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos (LSH) continúa generando polémica. En opinión de la Unión de Petroleros Independientes (UPI) “las modificaciones proyectadas” a la citada norma, la Ley 34/1998, “presentan importantes fallos que perjudican en último término a los consumidores”.
La UPI muestras su sorpresa por el hecho de que, a pesar de que el proyecto inicial remitido a las Cortes por el Gobierno introducía un nuevo requisito para ejercer la actividad de distribución al por mayor: la constitución previa de garantía a favor de la Administración General del Estado, y de que se contemplaba la posibilidad de que esta garantía fuera ejecutada total o parcialmente en caso de incumplimiento de la normativa aplicable, tras la aprobación de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP), este requisito ya no figura en el texto aprobado por el Congreso.
En opinión del colectivo presidido por Anna Bes, “con la supresión de la constitución previa de garantía, se vuelve a una situación de riesgo excesivo sin suficiente prevención”.
La UPI señala que el artículo 1 de la LSH mantiene que “serán operadores al por mayor aquellos sujetos que comercialicen productos petrolíferos para su posterior distribución al por menor”, por lo que “resulta evidente” que con las enmiendas presentadas que pretenden permitir a los distribuidores adquirir carburantes para su posterior venta a otros distribuidores “se está permitiendo ejercer una misma actividad, la distribución al por mayor, cumpliendo requisitos diferentes según se haga como operador o como distribuidor, requisitos que son menos gravosos para los distribuidores”, lo que equivale “a distorsionar la competencia, ya que una parte de los competidores juega con ventajas que la misma normativa les proporciona”.
El enfoque de UPI sobre este punto le lleva afirmar que “de una manera u otra, los consumidores resultan perjudicados, ya que o bien se les están restando las debidas garantías al permitir que los distribuidores suministren a otros distribuidores sin cumplir los requisitos legales (que en protección de los consumidores, se exigen a los operadores mayoristas), o bien se están estableciendo requisitos ociosos para los operadores con los subsiguientes costes para los consumidores”.
El colectivo, del cual forman parte Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel y Meroil, apunta que “el fin legítimo de promover la competencia efectiva no justifica infringir dos principios básicos que son la igualdad de condiciones de competencia y la protección de los consumidores”.
En cuanto a las estaciones de servicio libres, así como aquellas que pertenecen a cadenas de hipermercados y supermercados, que según los cambios sugeridos por el GPP podrán informar a sus clientes de qué operador es su proveedor de carburantes, UPI estima que con esta posibilidad “se está induciendo a engañar al consumidor”, puesto que detrás del abanderamiento “hay unos productos y servicios diferenciados de los que sirven las estaciones no abanderadas”. Asimismo, el colectivo presidido por Anna Bes, señala que “no se tipifica la correspondiente infracción que consistiría en publicitar un origen falso, ni la sanción acorde”.
La UPI muestras su sorpresa por el hecho de que, a pesar de que el proyecto inicial remitido a las Cortes por el Gobierno introducía un nuevo requisito para ejercer la actividad de distribución al por mayor: la constitución previa de garantía a favor de la Administración General del Estado, y de que se contemplaba la posibilidad de que esta garantía fuera ejecutada total o parcialmente en caso de incumplimiento de la normativa aplicable, tras la aprobación de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP), este requisito ya no figura en el texto aprobado por el Congreso.
En opinión del colectivo presidido por Anna Bes, “con la supresión de la constitución previa de garantía, se vuelve a una situación de riesgo excesivo sin suficiente prevención”.
La UPI señala que el artículo 1 de la LSH mantiene que “serán operadores al por mayor aquellos sujetos que comercialicen productos petrolíferos para su posterior distribución al por menor”, por lo que “resulta evidente” que con las enmiendas presentadas que pretenden permitir a los distribuidores adquirir carburantes para su posterior venta a otros distribuidores “se está permitiendo ejercer una misma actividad, la distribución al por mayor, cumpliendo requisitos diferentes según se haga como operador o como distribuidor, requisitos que son menos gravosos para los distribuidores”, lo que equivale “a distorsionar la competencia, ya que una parte de los competidores juega con ventajas que la misma normativa les proporciona”.
El enfoque de UPI sobre este punto le lleva afirmar que “de una manera u otra, los consumidores resultan perjudicados, ya que o bien se les están restando las debidas garantías al permitir que los distribuidores suministren a otros distribuidores sin cumplir los requisitos legales (que en protección de los consumidores, se exigen a los operadores mayoristas), o bien se están estableciendo requisitos ociosos para los operadores con los subsiguientes costes para los consumidores”.
El colectivo, del cual forman parte Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel y Meroil, apunta que “el fin legítimo de promover la competencia efectiva no justifica infringir dos principios básicos que son la igualdad de condiciones de competencia y la protección de los consumidores”.
En cuanto a las estaciones de servicio libres, así como aquellas que pertenecen a cadenas de hipermercados y supermercados, que según los cambios sugeridos por el GPP podrán informar a sus clientes de qué operador es su proveedor de carburantes, UPI estima que con esta posibilidad “se está induciendo a engañar al consumidor”, puesto que detrás del abanderamiento “hay unos productos y servicios diferenciados de los que sirven las estaciones no abanderadas”. Asimismo, el colectivo presidido por Anna Bes, señala que “no se tipifica la correspondiente infracción que consistiría en publicitar un origen falso, ni la sanción acorde”.
