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El sector de las estaciones de servicio ante las elecciones generales

Víctor García Nebreda, secretario general de Aevecar

24/04/2019
El próximo día 28 estamos convocados a las urnas para elegir a nuestros representantes en el Congreso y en el Senado. Es nuestra responsabilidad, no lo olvidemos, y además es la única ocasión verdaderamente real de participar en el proceso democrático, al margen de aquellas personas, que, por su carácter de afiliado a un partido político, voten en las distintas primarias para designar los candidatos de su organización. Por lo tanto, ejerzamos nuestro derecho y vayamos a votar, lógicamente cada uno a la opción que le parezca más conveniente.
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Víctor García Nebreda es el secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles, Aevecar.

Es una lástima, pero en esta campaña electoral se está hablando muy poco de economía real, de esa que nos interesa a todos y con la que nos levantamos y nos acostamos y con la que, también, tenemos que pelear a diario. Parece que los problemas de los ciudadanos fueran esas disputas, a veces muy infantiles, que mantienen los distintos candidatos, pero no es así. El desempleo, el fortalecimiento de la economía con sectores que proporcionen empleo permanente y de calidad, la educación, las prestaciones sociales y las pensiones, la garantía de nuestros derechos reconocidos en la Constitución, el medioambiente y la consiguiente transición energética, etc., etc., son los problemas que nos preocupan y para los que nos gustaría que nos dijeran sus diferentes planteamientos, pero los posibles y realizables, no promesas electorales imposibles de llevar a cabo.

Centrándonos en nuestro sector, lo primero que pediríamos al futuro Gobierno es que se mantenga una línea coherente y real en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que sin duda y dado el retraso en su envío a la Unión Europea, será de las primeras cosas que tenga que abordar. Cuando decimos real, nos referimos a que, al margen de intenciones sin duda loables, se estudie la viabilidad de las nuevas energías y no se desprecie el esfuerzo en investigación y desarrollo que se está realizando en las energías fósiles, que hoy en día han rebajado notablemente sus tasas de contaminación. La transición de unas energías a otras no se puede hacer sin escalas intermedias que permitan lo que la propia transición supone, un recorrido amable hasta llegar a un cambio sustancial. Reiteramos, una vez más, que los coches más contaminantes son los viejos, y que la primera medida que habría que apoyar es la de rejuvenecer el parque móvil, con una antigüedad media de 12,5 años.

Destinemos parte de las ayudas públicas a esto y conseguiremos reducir la contaminación, no todos los ciudadanos están en disposición de comprarse un coche eléctrico, en unos casos porque es muy caro y sus rentas no les permiten acceder a ellos, en otros porque no tienen una plaza de garaje donde cargar las baterías y a veces simplemente porque aún no ofrecen las prestaciones que dan los vehículos tradicionales.

Actualizar la Ley de Hidrocarburos

Además, sería bueno que el gobierno que salga de las urnas se planteara dar una vuelta a la reforma que se hizo de la Ley de Hidrocarburos hace ya unos años. El auge en las tramas de fraude fiscal en la distribución parece aconsejar que se revise el acceso a la misma, a veces la liberalización económica tiene que tener ciertas restricciones, o al menos una regulación fuerte que evite la entrada de actores no deseados. Igualmente, habría que reconsiderar la duración de los contratos de abanderamiento, de un año en nuestra Ley y de cinco años en el resto de la UE. Sin duda que esta medida favorece la resolución de estos contratos, pero en la práctica lo que ha supuesto es que se reduzcan las inversiones en el sector, sobre todo aquellas que realizaban las compañías que abanderaban, y que los empresarios firmen contratos en peores condiciones por la incertidumbre de la escasa duración de los mismos.

También creemos que habría que replantarse las gasolineras que no tienen personal contratado para prestar servicio en la instalación durante el tiempo que permanece abierta al público. El hecho de que se permitan en la UE no debe prevalecer sobre los criterios de seguridad, empleo y derechos de los consumidores, especialmente de aquellos que sufren una discapacidad. Salvo casos muy concretos de zonas desabastecidas por su alejamiento de pueblos o carreteras, que en nuestro país se dan en contadas ocasiones, y que, por supuesto habría que solucionar, no se justifica el auge que están teniendo si no fuera porque en el fondo lo que suponen es un negocio muy rentable. Fomentar que el abaratamiento de los precios se consiga a base de perder puestos de trabajo en el sector, reducir la seguridad y disminuir derechos de los consumidores es erróneo y de imposible justificación. Ya antes de la entrada en el mercado de este tipo de instalaciones había competencia en los precios; estas empresas lo que hacen es reducir al mínimo sus costes no contratando trabajadores y por supuesto que están en el tramo de precios baratos, no siempre los más baratos; sería el colmo que no lo estuvieran, pero con márgenes de beneficio superiores a las empresas que sí generan puestos de trabajo y por tanto riqueza para el país.

Por descontado que hay más asuntos de interés en el sector que trataremos de comunicar a quien corresponda, pero de momento esperemos que de las elecciones salga un Gobierno que tenga disposición a escucharnos.

Que el domingo los ciudadanos votemos con tranquilidad y sin incidentes y que nuestros representantes electos sean bendecidos con el don de la inteligencia y la responsabilidad política, y que sus decisiones vayan más allá de la próxima convocatoria electoral.

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