La CEEES presenta alegaciones contra el Real Decreto que obliga a auditar los PVPs

Fachada de la sede del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

En sus alegaciones, que la CEEES ha realizado puesto que es integrante del Consejo Consultivo de Hidrocarburos, la patronal encabezada por Jorge de Benito propone la “eliminación de la obligación de que un auditor independiente acredite la veracidad de la información remitida por los titulares de las instalaciones”, una cuestión prevista en el borrador del texto legislativo que prepara el ministerio y que, según cálculos del colectivo, tendría un coste conjunto de más de 50 millones de euros para los empresarios de estaciones de servicio.

La confederación sugiere, además, que -solo en el supuesto caso de que ese órgano demuestre, explique y justifique que es necesario el control de esos datos- se sustituya la obligación de auditoría que quiere implantar el Gobierno “por la obligación de una declaración responsable sobre la veracidad y exactitud de los datos remitidos en todos los casos”.

“Como muestra de la buena voluntad con la que la CEEES ha redactado sus alegaciones, otra de las propuestas recoge que, en caso de que Energía no acceda a eliminar la obligación de auditoría permita al menos que queden exentos de la obligación los sujetos que hayan declarado ventas inferiores a un millón y medio de litros para todos los productos en el ejercicio anterior”, informaron fuentes de la patronal mediante una nota de prensa.

Cada una de las auditorías que propone el Gobierno tiene un coste de alrededor de 5.000 euros, “una cantidad demasiado elevada para poder ser asumida por las maltrechas cuentas de explotación de no pocas estaciones de servicio, que han visto drásticamente reducido su volumen de ventas en los últimos años debido al descenso de la demanda y a la competencia desleal a la que se ven sometidas por parte de las gasolineras desatendidas”.

El apartado 3 de la Disposición Adicional Primera del Borrador de Real Decreto establece que “se podrán variar los datos objeto de auditoría independiente e incluir nuevos parámetros que fijen la exención del apartado anterior, en función de la evolución del mercado y de la estructura empresarial del sector”.

Sin embargo, en opinión de la CEEES esta habilitación es “excesivamente amplia”, por lo que propone “introducir en la redacción de este apartado unos límites mínimos y máximos a la habilitación conferida a favor del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital”. Además, la confederación pide “justificar en el preámbulo del Proyecto de Real Decreto cómo afecta la modificación introducida mediante esa Disposición Adicional Primera en el mercado y en la estructura empresarial del sector”.