Facua Extremadura solicita que las gasolineras extremeñas cuenten con personal las 24 horas

El delegado de Facua-Consumidores en Acción en Extremadura, José Manuel Núñez, expuso el 19 de abril en la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura el rechazo de la asociación a las gasolineras desatendidas. Asmismo, valoró positivamente el cambio del Estatuto de los Consumidores de esta comunidad autónoma para prohibir este tipo de establecimientos sobre el cual se está trabajando.

En su comparecencia, solicitada por los grupos socialista, popular y Podemos, Núñez expresó la preocupación de la asociación de consumidores por la proliferación de puntos de venta de carburante sin la presencia de personal, instalaciones “que pueden implicar una limitación de los derechos de los consumidores que acuden a estos centros, así como provocar situaciones de grave inseguridad y peligro por la naturaleza volátil del producto que se comercializa”, informaron fuentes del colectivo.

Facua recuerda que la ausencia de personal provoca “la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas sean las adecuadas y que los surtidores funcionen correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura, entre otras cuestiones”. Además, si la gasolinera no cuenta con personal “se vulnera, especialmente, la protección de las personas con algún grado de discapacidad física, que se ven discriminados y obligados a buscar alternativas de uso”.

En su comparecencia el delegado territorial de Facua en Extremadura señaló la necesidad de modificar el Estatuto de los Consumidores de Extremadura por todo lo expuesto, y por tanto, expresó el apoyo de la asociación sobre la Propuesta de Ley PRL-22 de modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura.

Sin embargo, la asociación va más allá y considera que el texto en tramitación es insuficiente, dado que sólo recoge la obligación de atención en gasolineras en horario de 7:00 a 22:00. Sin embargo, el colectivo considera imprescindible que las gasolineras “cuenten con personal durante todo su horario de apertura, para garantizar así los derechos anteriormente mencionados”, añadieron las mismas fuentes.

La modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura indica que “las personas con alguna discapacidad que les impida el suministro de combustible en régimen de autoservicio serán atendidas por la persona responsable de las instalaciones”, pero Facua propone “que cualquier persona que lo solicite debe ser atendida de forma inmediata por personal físico de la estación de servicio”.

La asociación insiste en que la competencia y los nuevos modelos de negocio que operan en el mercado no puede atentar contra la protección de los derechos de los consumidores, especialmente cuando pueden verse afectados usuarios que por sus circunstancias físicas y/o personales pueden encontrarse especialmente desprotegidos, impidiéndoles el acceso a servicios esenciales.

Asimismo, la asociación reclama a la Junta de Extremadura que el nuevo reglamento vaya acompañado de un refuerzo en los controles e inspecciones para que asegurar la protección de los intereses de los consumidores.

Núñez pidió a la Asamblea y el Ejecutivo extremeños celeridad en la aprobación y aplicación de la modificación del Estatuto de los Consumidores y recordó que hace ya más de un año la Asamblea aprobó, por decisión unánime, la Propuesta de Impulso ante el Pleno 53/IX, instando a la Junta de Extremadura a elaborar y aprobar, a la mayor brevedad posible, una normativa que aumente las exigencias técnicas de seguridad que han de cumplir las gasolineras desatendidas y que garantice los derechos de consumidores y usuarios, obligando a disponer de, al menos una persona responsable de los servicios que prestan, sin que hasta la fecha se haya avanzado en este sentido.

La asociación confía en que la nueva medida cuente con el respaldo y la voluntad política suficiente para resolver las irregularidades que representan este tipo de estaciones de servicio de una manera rápida y definitiva.

Además, Facua recuerda que ya presentó dos denuncias ante el Instituto de Consumo, dependiente de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, y ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas, dependiente de la Consejería de Economía e Infraestructuras, dado que las gasolineras desatendidas perjudican los intereses de los consumidores.

También las entidades de personas con discapacidad de Extremadura apoyan la presencia de personal en las gasolineras de la comunidad autónoma, tal y como puso de manifiesto Jesús Gumiel, presidente de Cocemfe en la región y, a su vez, vicepresidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Extremadura, quien en su comparecencia en la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Asamblea estuvo acompañado por Asunción Muñoz, directora de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), y de Alfonso Cortes, gerente del Cermi Extremadura.

Gumiel calificó como “muy positiva y necesaria” la inclusión de la disposición que contempla la obligatoriedad de que todos los puntos de venta de carburantes al público cuenten con empleados, puesto que así se cubriría una de las necesidades de las “personas con mayores necesidades de accesibilidad” tal y como recoge la ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura.

Además, resaltó que “con esta disposición adicional se viene a dar cumplimiento a dos de los ámbitos de actuación de la Ley de Accesibilidad Universal de Extremadura, como son el transporte y los bienes y servicios a disposición del público, así como a garantizar la igualdad de oportunidades, la promoción de la autonomía personal y del derecho a la vida independiente tal y como se recoge en la Ley general de las personas con Discapacidad”.

Gumiel insistió en que esta medida “viene a dotar de seguridad a todos los consumidores de estaciones de servicio de Extremadura” y mostró su satisfacción porque “no se tengan en cuenta condicionantes económicos que mermen los derechos de las personas con discapacidad, ya que tiene que priorizar la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas”.

Por último, solicitó a la Asamblea de Extremadura que solicite al Gobierno central que desarrolle el Real Decreto que regula las condiciones básicas de accesibilidad a los bienes y servicios a disposición del público, para “terminar de regular los derechos de accesibilidad de las personas con discapacidad”.