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Al alcanzar un determinado volumen deberían comprar ?derechos de emisión?

El Gobierno gravará con un nuevo impuesto a las petroleras que más vendan

Revista Estaciones de servicio18/11/2013
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Limite 2100
El Gobierno español estudia instaurar un nuevo impuesto a aquellos operadores petroleros que excedan un determinado volumen de ventas anual. La intención del Ejecutivo, que ha sido desvelada hoy por Expansión, pretende trasponer a la legislación nacional la Directiva Europea de Eficiencia Energética, cuyo objetivo pasa por reducir un 20% el consumo en 2020.

Los planes de la Administración prevén que cuando una de las principales petroleras que operan en nuestro país -principalmente Repsol, Cepsa, BP y Galp- sobrepasen el límite preestablecido deberán comprar una especie de “derechos de emisión” que les permitiría seguir vendiendo carburante por encima del tope impuesto por el Gobierno.

Se trata de un mecanismo similar a la compraventa de bonos de carbono que se lleva a cabo entre las naciones que sobrepasan los límites de emisión de CO2 fijados por el protocolo de Kioto y aquellas que no llegan a alcanzar esos umbrales.

Sin embargo, el nuevo impuesto es -aún- sólo una idea que el Ministerio de Industria ha puesto sobre la mesa y que ha hecho saltar todas las alarmas en el sector. De hecho, el límite podría no ser sólo válido para las petroleras, sino que cada una de las gasolineras españolas podrían estar sometidas a un techo de ventas propio.

Por si acaso las cosas estaban poco liadas en las relaciones entre operadores y estaciones de servicio a causa de la Ley 11/2013 y a los cambios en la normativa de comunicación de precios y descuentos al Ministerio, se abre ahora un nuevo frente entre ambos colectivos.

Porque si finalmente se establecen límites para cada una de las instalaciones de suministro y una gasolinera supera ese tope, ¿quién debería adquirir los derechos de emisión necesarios para seguir vendiendo carburante? ¿La estación de servicio? ¿La petrolera? ¿Deberían hacerlo de forma conjunta?

Algunos actores del sector del carburante han sugerido que la medida que estudia el Gobierno podría buscar penalizar a las gasolineras low cost y a las localizadas en supermercados e hipermercados, con un volumen de ventas muy superior a la media. Sin embargo, en caso de que finalmente se implante, la tasa podría convertirse en un nuevo quebradero de cabeza para los empresarios del sector.