FITAG-UGT solicita a Industria que regule "con urgencia" las gasolineras desatendidas
Por ello exige al Ministerio de Industria que regule el funcionamiento de este tipo de instalaciones “fijando unos mínimos que garanticen la seguridad ciudadana, la preservación del medio ambiente y el trato igualitario a todos los usuarios que deseen utilizar cualquier medio de repostaje”.
La Federación de Industria y de los Trabajadores Agrarios de la Unión General de Trabajadores, que ha emprendido una campaña informativa dirigida a trabajadores y usuarios, ha contabilizado 445 puntos de venta en régimen desatendido en el territorio español, aunque estima que podrían ser ya alrededor de 600.
Desde la citada federación se apunta que su principal preocupación ante este fenómeno es por el riesgo que supone para el empleo, ya que -según sus cálculos- “ya se han perdido unos 2.500 puestos de trabajo directos, porque estos puntos de venta prescinden por completo de personal laboral”. Pero además, FITAG teme que se eliminen más puestos de trabajo en otras gasolineras “con el fin de reducir costes y competir con estos nuevos establecimientos”.
Además, FITAG considera que las estaciones de servicio desatendidas “entrañan un grave riesgo para la ciudadanía”, puesto que “el uso imprudente o inadecuado de las instalaciones, en ocasiones por simple desconocimiento, podría provocar derrames que contaminarían el terreno, podrían ocasionar caídas, o sería un factor de riesgo para generar un incendio de graves consecuencias”.
“El hecho de no contar con la presencia de un trabajador cualificado que informe al usuario, que le advierta de las precauciones que debe tomar o que sepa reaccionar ante una emergencia, es un problema de seguridad que se enquista en las estaciones de servicio”, advierten desde la federación de UGT.
Tras enumerar otros riesgos que conllevan este tipo de gasolineras, FITAG reclama a Industria que regule “con una sola ley estatal esta actividad, protegiendo los derechos y la seguridad de los ciudadanos así como el empleo ya que las competencias en instalaciones de hidrocarburos están transferidas a las comunidades autónomas, y la normativa que las regulan varían de una comunidad a otra, habiendo muchas que ni siquiera contemplan esta actividad comercial en su legislación”.