Aragón aprueba la implantación del céntimo sanitario
El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó el pasado 27 de octubre el proyecto de Ley de Medidas para el Mantenimiento de los Servicios Públicos con el que pretende lograr una recaudación adicional de alrededor de 100 millones de euros en 2016. Una de las medidas contempladas en él es el establecimiento de un tipo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos, que se devolverá a transportistas, taxistas y agricultores, y no gravará el gasóleo de calefacción.
Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que con la implementación de esta tasa se esperan obtener 18 millones de euros adicionales. Asimismo, destacan que “en este impuesto no se verán afectados sectores profesionales castigados por la crisis, para evitar cualquier perjuicio derivado en materia de empleo, un objetivo prioritario de este Gobierno”.
El objetivo del citado proyecto de Ley es “asegurar la sostenibilidad de los servicios propios del llamado Estado de Bienestar, especialmente la sanidad, la educación y los servicios sociales”. Se trata de una ley, informan desde el Gobierno aragonés, de carácter estructural “fundamental en el desarrollo del principio que figura en los acuerdos de investidura de no recortar más gastos, sino, al contrario, reforzar las políticas sociales”.
Las novedades tributarias previstas en esta ley podrán aplicarse a partir del 1 de enero de 2016 “sin estar supeditadas a la aprobación de los presupuestos de la comunidad y las correspondientes medidas fiscales conocidas como ley de acompañamiento, que a diferencia de ésta, tiene un carácter coyuntural dada su proyección en el tiempo para un año”.
El Ejecutivo autonómico subraya que Aragón es en la actualidad la segunda comunidad autónoma, tras la de Madrid, “con menor presión fiscal en conjunto”. Con las modificaciones previstas, Aragón se sitúa en todos los impuestos en la media de las comunidades autónomas. De hecho, el Gobierno regional asegura que estos cambios se realizan “tardíamente y en un solo año”, mientras que el resto de autonomías han realizado modificaciones similares en los últimos cuatro años.
