La Asamblea de Extremadura insta a la Junta a que las desatendidas incorporen empleados
El pasado jueves, 25 de febrero, la Asamblea de Extremadura instó por unanimidad al Gobierno autonómico a que elabore “a la mayor brevedad posible” una normativa que garantice los derechos de consumidores y usuarios que obligue a las gasolineras desatendidas de la región (cuyo número asciende a unas 95) a incorporar, al menos, a un empleado.
No obstante, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX) Celestino Vegas defendió en el Pleno de la Asamblea de Extremadura que la propuesta tenga en cuenta unas consideraciones "especiales" para las cooperativas agrarias. Vegas hizo referencia a la preocupación que este tipo de instalaciones han generado entre los colectivos de consumidores y usuarios, quienes han advertido acerca del riesgo que supone la ausencia de empleados ante situaciones como el derrame de carburante. Vegas también señaló a las dificultades que presentan estas gasolineras para personas con discapacidad física.
El portavoz socialista recordó que comunidades autónomas como Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Baleares o Valencia ya han aprobado iniciativas en las que se obliga a que los puntos desatendidos de venta de carburantes contraten a empleados para atender las necesidades de los clientes.
Por su parte, el diputado popular Francisco Ramírez apuntó que el PP, que votó a favor de la iniciativa, coincidía con algunos de los argumentos esgrimidos por Vegas, aunque alertó de la alarma social que pueden generar las dudas sobre la seguridad de este tipo de gasolineras. Asimismo, Ramírez se mostró opuesto a “criminalizar” este modelo de negocio. Además, solicitó que el procedimiento legislativo relacionado con este asunto sea el ordinario, para que de esta forma todas las partes interesadas puedan acudir a la cámara regional para expresar su postura.
Por su parte, la diputada de Podemos, Jara Romero, recordó que la propuesta del PSOE atendía a una demanda del sector extremeño de las estaciones de servicio. Romero subrayó en que la destrucción de puestos de trabajo que podría generar este modelo de negocio desatendido es “otro factor a tener en cuenta”, por lo que, hay “razones de sobra” para que esta iniciativa sea aprobada.
En la misma línea se expresó la parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, quien recordó las quejas expresadas por las estaciones de servicio tradicionales sobre las gasolineras desatendidas. Domínguez también aludió a que “podría existir un cierto riesgo” para la seguridad de los usuarios, y se refirió a las dificultades que sufren las personas que padecen algún tipo de discapacidad a la hora de repostar en estas instalaciones.
