Mazarrasa afirma que "no somos capaces de percibir el hipotético beneficio para el consumidor"

En declaraciones exclusivas a Estaciones de Servicio, el director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, mantiene que el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que en la actualidad se está tramitando en el Senado, “abre la puerta a la posibilidad de fraude por la mayor dificultad que tendrá la Agencia Tributaria para controlar un número de participantes en el mercado significativamente mayor y con sensibilidades tributarias distintas. Esto se ha demostrado en los casos de fraude de IVA e Impuestos Especiales denunciados por la Guardia Civil estos años”.

En opinión de Mazarrasa, la posibilidad de que distribuidores minoristas se suministren carburantes entre ellos no flexibilizará el mercado, sino “todo lo contrario. Se introduce un nuevo eslabón en la cadena que, a nuestro juicio, no añade valor y podría tener como consecuencia un incremento en los precios”.

“Ha imperado la improvisación”
El director general de la AOP, de la que forman parte BP, Cepsa, Galp, Repsol, Saras y Shell, no cree “que fuera necesaria una nueva modificación de la Ley de Hidrocarburos, sobre todo menos de dos años después de la Ley 11/2013, que introdujo importantes modificaciones”. Desde su punto de vista, el Gobierno “no ha tenido tiempo de analizar las consecuencias de la citada Ley. Creemos que ha imperado la improvisación. Una buena muestra de ello es la modificación vía enmiendas del Grupo Parlamentario en el Gobierno al texto inicial remitido al Congreso en diciembre”, lamenta.

Preguntado sobre cómo se verificará si una operadora supera el 30% de las ventas a nivel provincial, Mazarrasa afirma que “no tenemos detalles del método que se va a utilizar, entre otras cosas porque no ha habido ningún tipo de diálogo con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a pesar de haberlo intentado. Esta reforma no ha sido consultada en trámite de audiencia pública con AOP, como se ha hecho en otras ocasiones”.

Mayor inseguridad jurídica
El director general de la AOP añade que “en general, las medidas tomadas en la Ley 11/2013 y en este proyecto añaden inseguridad jurídica y pueden tener consecuencias negativas sobre el empleo. Se modifican las condiciones de participación en el mercado de los distintos agentes y dificultan la inversión”.

En concreto, continúa, “la limitación de los contratos de suministro en exclusiva a un periodo tan corto restringe una fuente tradicional de financiación en el sector, que va a tener como consecuencia una degradación de la calidad y seguridad de las estaciones de servicio”.