La colaboración entre diputaciones y ayuntamientos mejoraría la prestación de determinados servicios públicos

La colaboración de las diputaciones con los ayuntamientos, que en muchos casos ya se está produciendo, optimizaría, en términos de eficiencia, muchos servicios públicos, por lo que ambas instituciones deberían trabajar conjuntamente para ampliar el marco de colaboración. Esta es una de las principales conclusiones de la encuesta sobre ‘El papel de las diputaciones, cabildos y consejos insulares en los servicios públicos municipales’, elaborado por el Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School, a las 38 diputaciones provinciales de régimen común, los siete cabildos insulares de Canarias y los cuatro consejos insulares de Baleares. El documento examina las actividades de apoyo a los ayuntamientos que actualmente realizan las diputaciones y cuáles de estos servicios podrían ser prestados directamente por los Gobiernos Locales Intermedios.

El informe, que ha sido presentado hoy en una jornada que ha contado con la presencia de Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, se divide en cuatro partes. En la primera se explica en qué medida los Gobiernos Locales Intermedios participan y se implican en los servicios públicos de ámbito municipal; después la encuesta profundiza qué servicios podrían organizarse mejor si las diputaciones se implicasen de manera más activa y qué capacidad tendrían para hacerlo; y, por último, el análisis plantea cuestiones clave sobre gobernanza.

Según el estudio, las diputaciones han sido poco intervencionistas en el ámbito de los servicios de competencia municipal y se han limitado a actuar como agentes financiadores de servicios de coste elevado, que los ayuntamientos tenían dificultades para financiar en su totalidad. La excepción a esta regla general son los servicios de abastecimiento de agua, tratamiento de residuos y, en menor medida, recogida de residuos. Precisamente son estos servicios los que las diputaciones creen que podrían mejorar más si asumieran sus competencias.

Datos sobre el estudio elaborado por el Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School.

En aquellos casos en que este traspaso de ingresos tributarios no sea posible, lo que propone un número significativo de diputaciones es repercutir a los ayuntamientos el coste de los servicios municipales que presten en su respectivo ámbito territorial –ver gráfico-. Por último, una amplia mayoría considera que el apoyo que prestan a los ayuntamientos en la prestación de servicios impropios debería ser financiado por la Administración Pública que tenga la titularidad del servicio.

El documento también analiza si el asumir nuevas competencias por parte de las diputaciones debe conllevar, además, una transformación en el sistema de elección de sus responsables. En este sentido, las diputaciones se dividen en dos bandos prácticamente iguales, lo que revela la falta de consenso que existe sobre este tema. Once de las veinticinco entidades consideran que no es necesario replantearse el modelo de gobernanza; mientras que otras ocho entidades estiman que un cambio del reparto de competencias debería ir acompañado de un cambio en el modelo de gobernanza.

Por último, cuando se pregunta a las diputaciones si tienen planes para potenciar sus actividades de apoyo a los ayuntamientos, la inmensa mayoría contestan afirmativamente, siendo el servicio de asistencia técnica informática el que más se va a potenciar en los próximos años, seguido de la asistencia técnica, jurídica y contable.