La crisis y los precios de la energía dejan a más de 4,2 millones de españoles en situación de pobreza energética

Más de cuatro millones de personas sufren pobreza energética en España, es decir, no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, equivalente a algo más del 9% de la población. El aumento de los precios de la energía en nuestro país y la caída de los ingresos de las familias han disparado el número de personas que sufren pobreza energética: de 2,7 millones en 2008 a 4,2 millones en 2012, 1,4 millones de personas más. Actualmente, la pobreza energética es responsable de más de 2.303 muertes al año, más que los accidentes de tráfico. Las familias que sufren pobreza energética en España sólo pueden acudir a organizaciones sociales o religiosas en busca de ayuda o si no, quedan expuestas al corte del suministro.

Más de 4,2 millones de hogares sufren pobreza energética en España, una cifra que ha aumentado en 1,4 millones desde 2008, debido al incremento de los precios de la energía y el descenso de los ingresos de las familias, provocado principalmente por las altas tasas de desempleo y la subida de impuestos.

Con motivo de la semana contra la pobreza energética, que se celebra entre el 17 y el 22 de febrero, Kelisto.es, la web del ahorro, denuncia las escasas ayudas que existen en nuestro país para paliar la pobreza energética, que es responsable de más de 2.300 muertes prematuras al año, un número más elevado que la cifra de fallecimientos por accidentes en carretera, que en 2013 no superó los 1.200.

Para Hernán Martínez, responsable de Energía de Kelisto.es, “entre 2008 y 2012 el número de personas en pobreza energética ha crecido de forma alarmante. A los 4,2 millones de españoles que sufrían este problema en 2012, el 9% de la población, se unen aquellas familias que, tras las últimas subidas de los precios de la energía, unido a la crisis, afrontan una situación en la que tienen que elegir entre comer y calentar su vivienda. En este contexto, este año habrá un importante aumento de los casos de pobreza energética en nuestro país”.

En España, este problema afecta al 9,1% de la población, mientras que países vecinos como Reino Unido, con un 8,1%, Francia, con un 6%, y Alemania, con un 4,7%, presentan tasas de pobreza energética inferiores, a pesar de que su climatología durante los meses de invierno es mas adversa. Sólo Portugal (27%), Grecia (26,1%) e Italia (21,2%) superan las tasas de España, al margen de los países de Europa del Este.

Pese a la magnitud de este problema, las medidas y ayudas que se han puesto en marcha en España han sido escasas e ineficaces; de hecho, en nuestro país ni siquiera existe una definición oficial de lo que significa estar en pobreza energética, con lo que es aún más difícil dar solución al problema. En algunos países europeos como Reino Unido los hogares en pobreza energética son aquellos que necesitan gastar más de un 10% de sus ingresos para calentar la vivienda.

La única medida que existe en España para que los consumidores más desprotegidos paguen menos en sus facturas energéticas es el bono social, la tarifa creada en 2009 para proteger a los colectivos más vulnerables. Sin embargo, esta medida se ha mostrado insuficiente para paliar la pobreza energética en nuestro país.

“Los descuentos del bono social sobre la tarifa regulada son mínimos y sólo pueden beneficiarse de él determinados colectivos —pensionistas, familias numerosas con bajas rentas, familias con todos sus miembros en paro y usuarios con una potencia contratada menor a 3,3 kW—, dejando fuera a miles de familias con escasos recursos. De hecho, actualmente, las familias que sufren pobreza energética en nuestro país sólo pueden acudir a organizaciones sociales o religiosas en busca de ayuda o exponerse al corte del suministro”, señala Hernán Martínez, responsable de Energía de Kelisto.es.

Fuera de nuestro país, sí existen medidas concretas para ayudar a las familias en pobreza energética. De hecho, más de la mitad de los estados miembros de la Unión protegen a los consumidores de los cortes de suministro durante los meses más fríos, cuentan con tarifas reducidas para colectivos en riesgo y en algunos casos, como en el de Suecia, el sistema de protección social se hace cargo de las facturas impagadas.