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“Las renovables no son culpables”, conclusión de la jornada de seguridad jurídica de La Oficina de JGB

13/12/2013

13 de diciembre de 2013

Veredicto: las renovables no son culpables. Así de contundente ha sido la principal conclusión de la jornada ‘Fundamentos de una estrategia procesal ante la reforma eléctrica’ organizada por La Oficina de Javier García Breva operada por Imedia.

Esta jornada de carácter jurídico ha sido presidida por Javier García Breva y contado con dos ponentes de excepción: José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo y abogado en ejercicio de Life Abogados, y Jaume Margarit, director general de APPA.

“Existe base jurídica suficiente para establecer reclamaciones judiciales en el ámbito nacional e internacional. La reforma eléctrica adolece de un déficit democrático porque no se ha escuchado a ninguna de las partes afectadas por decisiones que afectan a millones de consumidores y decenas de miles de productores fotovoltaicos”. Con estas palabras, Javier García Breva, reconocido experto en energía, inauguraba el encuentro que ha despertado gran interés en el sector registrándose una fuerte afluencia.

La Comisión Europea reconoce las renovables como un instrumento de creación de empleo y riqueza mientras que en España se están expulsando del mercado a través de la inseguridad jurídica que va a arruinar las inversiones que se hicieron en su día al amparo de las normas vigentes. De la misma manera que el Gobierno se ha preocupado de proteger la seguridad jurídica de las inversiones privadas españolas en el extranjero, es mucho más exigible que proteja la seguridad jurídica de las inversiones renovables realizadas en el propio país al amparo de una regulación aprobada en leyes nacionales y directivas europeas.

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De izquierda a derecha: José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo, Javier García Breva, especialista en energías renovables, y Jaume Margarit, director general de APPA.

Por otra parte, la reforma eléctrica impide el ejercicio de los derechos que corresponden a inversores, productores y consumidores al no haber transpuesto al ordenamiento jurídico nacional las Directivas Europeas de renovables y eficiencia energética y hace imposible que los clientes finales puedan reducir sus costes energéticos mediante el autoconsumo.

Las externalidades positivas de las renovables y la eficiencia energética hacen de ellas la primera riqueza energética del país y una necesidad estratégica para la seguridad de suministro, reducción de los precios energéticos y de las emisiones de CO2. “El no reconocimiento del valor de las renovables constituye un riesgo estratégico para el futuro”, apostilla García Breva.

“Cualquier tribunal declararía a las renovables no culpables” asegura José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo y abogado en ejercicio en Life Abogados. “Si el sector eléctrico tiene que sufrir no es a costa de las renovables sino de las fuentes fósiles que no son prioritarias”. Para Martín Pallín la seguridad jurídica y la calidad del medio ambiente son principios de nuestra Constitución y del derecho europeo que obligan a todos los poderes públicos. El principio de unidad y concentración de las reclamaciones puede reforzar las denuncias que se lleven a cabo y poner de manifiesto la situación de emergencia social que se deriva de la retroactividad aplicada a todas las inversiones renovables, lo que ha hecho lanzar al ex magistrado el mensaje de “fotovoltaicos del mundo, uníos”.

Jaume Margarit, director general de APPA, Asociación de Productores de Energías Renovables, ha calificado la reforma eléctrica como la reforma de los”in” por “incoherente, inadecuada, ineficiente e insostenible”, puntualizando que “aunque sea muy difícil hay que agotar todas las posibilidades para que esta reforma no se apruebe en sus redactados actuales. Debemos agotar todas las vías disponibles para defender prioritariamente las inversiones ya realizadas, pero también hay que velar por las expectativas de futuro de las energías renovables. Para ello es necesario juntar esfuerzos”. El director general de APPA calificó la reforma como improcedente por su concepción errónea del futuro energético de nuestro país y por la falta de consenso a largo plazo sobre las necesidades del conjunto de la sociedad.

Tanto para Javier García Breva como para Martín Pallín y Jaume Margarit, la conclusión es evidente: la misma seguridad jurídica que se defiende para otros, sin tener ninguna de las externalidades de las renovables, se debe exigir con mucha más razón para las inversiones renovables. El Consejo de Estado ha advertido que esta reforma eléctrica incrementará los litigios y es que, si el Estado no defiende la seguridad jurídica de las renovables, habrá que defenderla en los tribunales nacionales y europeos.