Entrevista a Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de Coag
7 de octubre de 2011
Hace cinco meses que explotó lo que comenzó llamándose ‘crisis del pepino’ y que acabó denominándose la crisis de la E. Coli. Una vez analizados motivos y consecuencias, ¿qué lecciones debemos obtener de ella?
La principal conclusión que extraemos desde Coag es que los productores somos terriblemente vulnerables a ataques infundados de este tipo y que las instituciones europeas no han actuado como garantes de la seguridad alimentaria que se nos exige a los agricultores en la Unión Europea. No es aceptable que las autoridades de salud comunitarias no actuaran con la contundencia y rapidez necesarias frente a unas declaraciones sin base científica de una persona. Por ello, consideramos que se debería, y así lo hemos exigido, realizar una investigación en profundidad de lo ocurrido y depurar las responsabilidades necesarias.
¿El gobierno español ha estado a la altura en esta crisis?
En un primer momento, se hizo bastante ruido y todas las propuestas se consensuaron con el sector. El problema llega cuando éstas caen en saco roto y no se continúa con las exigencias. Por ejemplo, las campañas de promoción finalmente, en lugar de ser pagadas íntegramente por la UE, se han tenido que financiar en parte por los afectados, o las compensaciones que no han alcanzado el 100% de las pérdidas ni han cubierto el total de los productos afectados.
¿Se ha demostrado en esta crisis que las instituciones europeas no velan por los intereses de una política agrícola común?
La UE sólo se ha dedicado a pagar los platos rotos de la administración alemana, en un nuevo ejemplo de actitud cobarde e irresponsable. Desgraciadamente, esta crisis ha vuelto a poner de manifiesto que la Política Agraria Común (PAC) está al servicio de los mercados y no de las personas.
La UE ha defendido que las ayudas de compensación llegarían al agricultor de una forma inmediata. Por lo que han podido comprobar a través de sus asociados, ¿esto ha sido así?
Si tenemos en cuenta que nos enfrentamos a una administración tan burocratizada como la UE, la puesta en marcha del sistema de compensación ha sido bastante ágil. Sin embargo, hay ciertos problemas en algunas Comunidades Autónomas por el elevado volumen de documentación requerida, que debe ser verificada antes del pago, con lo que a día de hoy quedan un buen número de agricultores que no han cobrado, especialmente aquellos que son miembros de OPFH por ser los expedientes más complejos.
En un principio se habló de pérdidas que rondaban los 40 millones de euros a la semana durante el apogeo de la crisis. ¿Esas cifras eran reales? ¿Qué consecuencia está teniendo hoy en día sobre la producción hortofrutícola española?
Las pérdidas finales son imposibles de calcular y lo que se cuantificó en su momento se hizo en base a cálculos de campañas pasadas. Hoy en día, aún padecemos las consecuencias, ya que los precios de muchos productos se sitúan en niveles muy bajos. Esto es más bien fruto de distorsiones interesadas de las cadenas de distribución, que aprovecharon la situación para presionar las cotizaciones a la baja, que de una situación real de descenso del consumo.
Algunos medios han recogido la necesidad que los productores españoles cuenten con un lobby en Bruselas que les defienda y cree sinergias positivas hacia el sector hortofrutícola español. ¿Qué opina JARC, al respecto?
En los últimos tiempos, la presencia en Bruselas es fundamental para el sector de frutas y hortalizas. En este sentido, la propia labor de Coag, en coordinación con el resto del sector agrario, ante las instituciones comunitarias es cada día de mayor importancia. Sin embargo, echamos de menos en algunos momentos el apoyo de la administración en estas labores.
¿Qué acciones se están llevando a cabo para recuperar la confianza del consumidor europeo? ¿Para cuándo se espera recuperar los números previos a la crisis?
El consumo parece que vuelve a ser el que era antes de la crisis, lo que indica que la confianza del consumidor se está recuperando. Otra cosa es la crisis de precios en origen. Las cotizaciones no levantan cabeza, aunque está cuestión ya existía antes de la crisis de la E. coli. Por lo tanto, el análisis se debe plantear desde una perspectiva más general, de forma que influyan aspectos como el desigual reparto del valor del producto a lo largo de la cadena de comercialización y no creer que el único mal que padece el sector es la crisis de la bacteria alemana.
