Ingeniería. ¿Inversión o coste?

Por desgracia son numerosos los casos en que el servicio que presta una ingeniería se percibe como un coste, no como una inversión. A menudo uno se pregunta si la responsabilidad recae sobre el mismo sector. ¿Será que nuestro sector no ha sabido dar a conocer su potencial? ¿Será que, históricamente, hemos sido parcos en argumentos? Sea como fuere, la realidad es la que es. Sin embargo vivimos a diario casos en los que, por déficit de comunicación cliente-ingeniería, el primero cae en errores que le hacen invertir en un lugar incorrecto o de una forma inadecuada.

Imaginemos que nuestra empresa tiene necesidad de ampliar su superficie de almacenamiento. En este ejemplo hipotético (pero realista) la superficie edificable de la nave en la que nos encontramos está agotada por lo que es imprescindible ocupar una nueva nave. En el momento en que surge la necesidad de inversión (como es el caso) ponemos en marcha los mecanismos necesarios para la obtención de fuentes de financiación. Posteriormente aparece la necesidad de diseñar el programa de necesidades de la nueva nave y, con ello, confeccionamos una serie de esbozos que contienen los usos de cada espacio, las necesidades de superficie de cada uno de ellos, la relación entre estos… Analizada la superficie total necesaria iniciamos la búsqueda de una nueva nave; a través de nuestro agente inmobiliario visitamos diversas ‘candidatas’ hasta que seleccionamos la que ‘mejor se ajusta’ a nuestras necesidades. Cerramos el contrato, liquidamos la fianza y pensamos en una ingeniería que nos facilite el proceso de concepción, ejecución y legalización de la obra, actividad y las instalaciones.

En el momento en que el profesional se pone manos a la obra acostumbran a surgir los problemas. Nuestro ingeniero analiza la nave, la normativa vigente y las necesidades del cliente y detecta una serie de cuestiones que dejan entrever lo que, a nuestro modo de ver, es una evidencia: la ingeniería debería haber participado en el proceso de toma de decisión o, lo que es lo mismo, deberíamos haber contado con el asesoramiento de nuestra ingeniería de forma previa a la elección de la nave que acabamos de seleccionar. En efecto, en multitud de casos, cuestiones de carácter técnico legal ponen en entredicho la viabilidad económica (a veces técnica y/o legal) de la inversión; cuestiones, por otro lado, que planteadas ‘antes de’ pueden llevar, sencillamente, a descartar determinado inmueble. Es obvio que son múltiples los escenarios con los que nos podemos encontrar. No todos los casos son iguales; sin embargo, no es aventurado afirmar que, en la mayoría de estas operaciones, el papel de la ingeniería llega tarde y se restringe a una fase muy concreta de la expansión de la empresa.

Con ánimo de simplificar diríamos que las diferentes casuísticas podrían agruparse de la siguiente manera:

Son aquellas en las que se pone de manifiesto que el desarrollo de la actividad en la nave seleccionada es incompatible con la normativa vigente. Algunos ejemplos:

• Incompatibilidad urbanística
• Otras incompatibilidades de carácter normativo. El Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, por ejemplo, prohíbe la instalación de una actividad con riesgo de incendio alto en una nave de tipo A.

2. Operaciones que exigen elevada inversión en implantación de medidas correctoras

Son aquellas situaciones en las que, aunque no exista una incompatibilidad de carácter normativo, la implantación de la actividad en la nave seleccionada requiere una elevada inversión derivada de los requerimientos de carácter técnico legal. Se entiende que la inversión de la que hablamos no tiene nada que ver con la estrictamente necesaria para la implantación de la actividad sino que, a parte de ésta, surge de la obligación de adaptarse al marco legal vigente. Diríamos que, desde el punto de vista económico, la operación no es la óptima dado que, el desconocimiento del citado ‘gasto extra’ se percibe más bien como un gasto, no como una inversión.

Un ejemplo que ilustraría este caso podría ser el de aquella nave que no respeta la sectorización respecto a naves colindantes o la resistencia al fuego de la estructura portante (pilares, forjados, jácenas y/o estructura principal de cubierta). En estos casos surgiría la necesidad de adecuar la nave a la normativa vigente para, posteriormente, implantar en ella la actividad que se pretende desarrollar. Es obvio que la tendencia debe ser reducir o anular el primero de los dos pasos enunciados. Éste es, justamente, el que introduce un coste (indeseado) a la operación. El segundo es, en efecto, una inversión.

3. Operaciones que imponen condicionantes físicos que afectan al desarrollo de la actividad

En realidad esta situación puede ser una variante del caso expuesto en el párrafo anterior. En estas situaciones la aplicación de la normativa exige un gasto extra a la vez que la implantación de una serie de medidas correctoras que pueden comprometer la distribución y/o la configuración de los espacios y, por tanto, el desarrollo de la actividad. Ilustra a la perfección este capítulo la necesidad que surge, en algunos casos, de generar sectores de incendio internos de superficie reducida. La normativa limita la superficie máxima de cada sector de incendio en nuestra actividad lo que impone la ejecución de una serie de elementos divisorios que ‘parten’ la nave en tantas unidades independientes (por lo que a evolución del fuego y del humo se refiere) como sea necesario. Aquella superficie diáfana que tanto nos interesaba se ve privada de la continuidad en el momento que aparecen una serie de barreras físicas (el elemento sectorizador) que dificultan, por ejemplo, la gestión de una área de almacenamiento, el paso de vehículos, las operaciones de carga y descarga de materiales...

La experiencia nos indica que una nueva implantación requiere de la labor de un equipo multidisciplinar que debe integrar la figura de la ingeniería. En tanto que experto en el ámbito técnico legal nuestro ingeniero nos ayudará a seleccionar la nave más adecuada y que más se ajusta a nuestras necesidades, descartando escenarios de incompatibilidad normativa y analizando los factores legales que concurren en cada uno de los casos. El objetivo final debe ser minimizar y optimizar la inversión evitando el gasto innecesario y la implantación de medidas correctoras que puedan comprometer o limitar el desarrollo de nuestra actividad. Para ello es necesario un cambio de concepto, situando el coste derivado de los servicios de nuestra ingeniería en la columna ‘inversiones’, evitando que aquél quede relegado a la columna ‘gastos’.