Se desarrollarán campañas específicas de prevención de riesgos derivados del COVID‐19 y se intensificará la vigilancia del fraude vinculado a los ERTE

Inspección de Trabajo realizará 56.539 controles en 2021 en la Comunitat Valenciana

Redacción Interempresas26/02/2021

La Inspección de Trabajo realizará un total de 56.539 actuaciones programadas a lo largo del presente año en la Comunitat Valencia, según ha anunciado el director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Rogero, durante el webinar organizado por Unión de Mutuas en colaboración con la Federación Empresarial del Metal, Femeval, en Valencia, y que ha congregado telemáticamente a un centenar de profesionales, asesores laborales y empresarios.

Francisco Rogero presentó las principales líneas de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunitat Valenciana para 2021, centradas, principalmente en la vigilancia de la economía irregular, el empleo y las relaciones laborales, el cumplimiento con la normativa de la Seguridad y la prevención de riesgos laborales.

Para ello, están previstas realizar 16.028 actuaciones en Alicante, 8.124 en Castellón y 32.387 en Valencia, mediante el desarrollo de campañas dirigidas a los diferentes sectores productivos como la construcción, la hostelería, el comercio y el sector hortofrutícola.

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, que concentra el 23% del total de las inspecciones, están programadas campañas de control de medidas preventivas en las obras —zanjas, vaciados, andamios colgados—, en el sector marítimo —buques de pesca y mercantes— y en la recolección agrícola de productos como la naranja, la uva, y el caqui.

En el webinar, junto con el director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Rogero, participaron el secretario general de Femeval, Alejandro Soliveres, la directora territorial de Unión de Mutuas, Mª Ángeles Capilla y la jefa de la Inspección de Trabajo y S.S. de Valencia, Silvia Parra.

Como novedad, y dada la actual situación de la pandemia, este año se llevarán a cabo campañas específicas de vigilancia y prevención de riesgos derivados del COVID‐19 centradas en los riesgos biológico, psicosociales y de exposición en los centros de trabajo. La inspección fiscalizará y vigilará el cumplimiento de las medidas en las empresas, especialmente en los sectores más vulnerables como el sociosanitario, laboratorios o funerarias.

También, y como todos los años, se llevará a cabo la campaña de control de la sílice cristalina en el sector de la cerámica, así como la de riesgos musculoesqueléticos dirigida a camareras de piso, residencias de la tercera edad, fabricación de productos metálicos y trabajos en almacenes de cítricos.

Respecto al empleo y las relaciones laborales, el grueso de las actuaciones se dirigirá a mejorar el mercado de trabajo, mediante el control de la contratación, las condiciones de trabajo y la lucha contra el fraude.

Asimismo se intensificará la vigilancia para la detección de fraude en prestaciones por desempleo u otro tipo de fraude en los ERTE relacionados con el COVID-19, para lo cual se contempla “un aumento de visitas para detectar incumplimiento o prácticas irregulares, como el reinicio de la actividad sin comunicación previa al SEPE. Hay que garantizar el cumplimiento de las condiciones de este mecanismo de protección del empleo”, destacó el director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Rogero

La inspección también velará por el cumplimiento de la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la no discriminación en el ámbito laboral.

Para todo ello están programadas actuaciones centradas en la verificación de las ofertas de empleo publicadas por las compañías, se revisarán los convenios colectivos de aplicación para evitar discriminación de cualquier tipo, se vigilará la formación y promoción profesional, así como las condiciones retributivas ya que las empresas deberán de tener un registro salarial desglosado por sexos.

También, la inspección podrá requerir a las empresas los protocolos de actuación contra el acoso sexual, laboral o de género, y los planes de igualdad, a los que las empresas de más de 100 trabajadores tienen la obligación legal de implantar a partir del próximo día 7 de marzo.