El anteproyecto de ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido, a consulta pública
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) acaba de iniciar el 1 de julio el trámite de consulta pública previa sobre la redacción de un anteproyecto de Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido, tal y como anunció ayer el ministro. Con esta iniciativa legislativa, Mitma, como impulsor y responsable de la elaboración de la Agenda Urbana Española, continúa con la puesta en marcha de su Plan de Acción.
El trámite de consulta pública, que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admiraciones Públicas, y el artículo 26.2 de la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, tiene el objetivo de mejorar la participación pública en el procedimiento de elaboración de las normas, con carácter previo a la elaboración del correspondiente borrador o borradores, permitiendo que los ciudadanos, asociaciones y organizaciones que lo deseen, puedan hacer llegar al Departamento sus observaciones y propuestas. En este caso, lo podrán hacer hasta el próximo día 31 de julio de 2020.
Con este proyecto se plantea el reconocimiento de la Arquitectura y la calidad del entorno construido como bien de interés general con el objetivo de preservar, difundir y fomentar la calidad de la arquitectura y el entorno construido como elementos básicos para la mejora de las condiciones de vida de las personas.
Como se manifiesta en la Declaración de Davos de 2018, “el diseño del entorno construido, las relaciones entre los objetos y su entorno construido y natural, la coherencia territorial, la escala y la materialidad, son factores que tienen un impacto directo en nuestra calidad de vida”.
Utilización racional del suelo y del patrimonio urbano y arquitectónico
De esta forma, se pretende, entre otros aspectos, impulsar la calidad de la Arquitectura y del entorno construido como elemento básico de la calidad de vida de las personas, promover los vínculos que fomenten el acercamiento de la Arquitectura a la sociedad, establecer mecanismos que mejoren la calidad arquitectónica de nuestros pueblos y ciudades, con procedimientos de contratación pública ejemplares, que refuercen los valores de la calidad arquitectónica, contribuir al desarrollo económico y social a través de la renovación y la mejora de la calidad de la edificación y los entornos construidos, la protección del patrimonio cultural y natural, o la modernización de la Arquitectura.
También se pretende facilitar el impulso de la rehabilitación y renovación urbana, mejorando la eficiencia energética, la accesibilidad, la habitabilidad y la adaptación a las nuevas formas de vida y de trabajo del parque construido existente, incrementando su calidad y capacidad de dar la respuesta adecuada a nuestras necesidades actuales.
Este proyecto de Ley obedece a la necesidad de complementar lo ya dispuesto en Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) para garantizar la calidad de la edificación, y desarrollado específicamente en el Código Técnico de la Edificación (CTE), con disposiciones que garanticen la calidad de la arquitectura y del entorno construido, teniendo en cuenta su dimensión cultural e interés social, que permitan mejorar la calidad de vida y la relación de los ciudadanos con su entorno, contribuyendo a la cohesión social. “Y contribuye también a la implementación de la AUE en la medida en que compromete una actuación normativa en el contexto de su propio plan de acción.”
La valoración de los arquitectos
Desde CSCAE, con esta Ley se constata el impacto directo que tiene el diseño del entorno construido en el día a día de las personas y, en consecuencia, plantea el reconocimiento de la arquitectura y la calidad del entorno edificado como “elementos básicos para la mejora de las condiciones de vida”. Es decir, como “un bien de interés general que los poderes públicos deben preservar, difundir y fomentar” para garantizar el bien común y la cohesión social. Se trata, como se indica en la motivación de la ley, de “trascender el hecho de construir un edificio para empezar a considerar la arquitectura como instrumento capaz de promover valores como la cohesión social, la supresión de desigualdades y discriminaciones, la flexibilidad y adaptabilidad necesaria para responder a escenarios futuros, la generación de distintas identidades o la investigación e innovación”.
Según indica Lluís Comerón, presidente del CSCAE, la Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido será fundamental para garantizar un bienestar duradero que contribuya al desarrollo económico y social de nuestro país. De ahí la importancia de que, en su tramitación, cuente con el mayor de los consensos por el interés general: “En el confinamiento hemos sido conscientes del valor que tienen los espacios que habitamos y la importancia de la arquitectura en nuestro bienestar. Es el momento de promover la arquitectura y la calidad del entorno construido por su capacidad de dar respuesta a los retos medioambientales, a las necesidades actuales de habitabilidad, seguridad, accesibilidad y salud, y como elemento de identidad y cohesión social, en tanto que factores clave en el bienestar de las personas”, subraya Comerón, que destaca la necesidad de “un marco legal adecuado que impulse las transformaciones que precisan nuestros pueblos, ciudades y territorios para seguir respondiendo a las demandas y retos actuales, garantizando unas condiciones de trabajo adecuadas para los profesionales y las empresas del sector”.
Desde el CSCAE, que lleva años trabajando en esta iniciativa legislativa, se valora que la futura Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido promoverá el papel ejemplarizante de las administraciones públicas en los procedimientos de contratación en arquitectura garantizando la calidad en sus actuaciones, fomentará la participación ciudadana en el conocimiento y la difusión de la calidad arquitectónica, apostará por procesos innovadores y que se mejorarán aspectos del marco normativo para facilitar el impulso de la rehabilitación y renovación urbana, de acuerdo con las directrices de la Agenda Urbana Española con el fin de mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad, la habitabilidad y la adaptación a las nuevas formas de vida y de trabajo del parque construido existente, incrementando su calidad y capacidad de dar la respuesta adecuada a nuestras necesidades actuales.
