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Arquitectura y Construcción

Un DB-HE poco exigente trasladará sus efectos a la futura regulación de los Edificios de Energía Casi Nula (EECN), haciéndola a su vez más acomodaticia para el mercado

Las politicas de eficiencia, a examen

Mónica Herranz. Afelma

18/11/2019

Según datos de la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes(Afelma), un breve repaso a las políticas de eficiencia, entendidas en sentido amplio, muestra los riesgos de que España no converja con los objetivos europeos señalados en diversas normas comunitarias, no mejore todo lo posible en su calidad edificatoria y, por tanto, en calidad de vida.

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La propuesta actual de DB HE, al eliminar los requisitos sobre demanda energética, no está en línea con la Directiva Europea.

La norma térmica, fuente de divergencia con la vanguardia de Europa

Según Afelma, el proyecto de actualización del DB-HE debería ser concordante con el de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los edificios para cumplir los dos aspectos fundamentales:

  1. Hacer que la energía requerida (demanda) sea casi nula
  2. La muy pequeña cantidad de energía requerida (demanda) debe cubrirse mayoritariamente con energía renovable.

La propuesta actual de DB HE, al eliminar los requisitos sobre demanda energética, no está en línea con la Directiva Europea, y tampoco sigue la recomendación de que las energías renovables cubran en muy amplia medida los requerimientos (demanda) de energía casi nulos. Las consecuencias se dejarán sentir en el mercado, que será menos exigente, desplazando el objetivo principal de eficiencia energética (reducción de la demanda).

Además, un DB-HE poco exigente trasladará sus efectos a la futura regulación de los Edificios de Energía Casi Nula (EECN), haciéndola a su vez más acomodaticia para el mercado.

La propuesta de DB-HE, tanto en relación con el parque existente como respecto a la nueva construcción, es menos de lo que requieren las circunstancias desde el punto de vista de la dependencia energética (80%) y sus secuelas en la balanza comercial (en la que el déficit energético se situó en 6.873 millones en el primer trimestre del año, un 7,7% más).

Tampoco está en línea con la necesidad de reducir los Gases de Efecto Invernadero, que en 2018 se situaron en 332,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, un 15,4% por encima del nivel de emisiones de 1990.

Tal y como se indicaba, la norma térmica española muestra un severo desfase con la de otros países de la UE. De hecho, aunque el actual CTE supuso un importante avance sobre la norma del 79 (que estuvo casi 30 años sin ser revisada), registraba diferencias notables con otros países de vanguardia en la materia. La comparación entre las normas de Francia y España no deja lugar a dudas. En el CTE de 2006 la transmitancia térmica de Girona era de Girona o Irún era de 0,73 U en W (m2*k), mientras que Perpiñan o Bayona era de 0,47 o 0,4 respectivamente. Lo mismo ocurre si se compara la norma francesa de 2012 con el DB-HE1, que establece un consumo de energía primaria prácticamente del doble que la primera, tanto para edificios unifamiliares (aproximadamente 80 vs 40 kWh/m2, en viviendas de 100 m2, por ejemplo) como plurifamiliares (aproximadamente desde 70 a 60 vs 30 kWh/m2 para todas las superficies).

La rehabilitación a examen

Por su parte, la rehabilitación evidencia unas cifras muy exiguas, con exigencias térmicas y de calidad escasas. Desde 2013 a 2018 se han rehabilitado 149.000 viviendas, a una medida de apenas 25.000 viviendas/año. En los cinco primeros meses de 2019 las rehabilitaciones de viviendas se aproximan a 12.500.

En este sentido, los datos de rehabilitación ponen de manifiesto la necesidad de que el sector público y privado cooperen en definir planes que estimulen la actividad y el empleo con políticas públicas adecuadas (subvenciones, ayudas fiscales…) y créditos a bajo interés. Según Afelma, es necesario habilitar ayudas plurianuales para afrontar la rehabilitación energética equivalente a 350.000 viviendas al año, con lo que se ahorrarían 36 millones de TEP y 130 millones de toneladas de CO2 en su vida útil, con el consiguiente descenso en la factura energética nacional y de los ciudadanos, tal y como señala la fundación La Casa que Ahorra.

Sin embargo, el PNIEC marca una meta de 120.000 viviendas rehabilitadas/año (lejos del 3% anual recomendado por la UE). Hasta 2011, había en España 16,5 millones de viviendas principales construidas antes del 2006, fecha de la entrada en vigor del DB-HE. Al ritmo del PNIEC se concluiría su rehabilitación en 137 años.

Una buena rehabilitación bajo un paraguas normativo exigente reducirá la pobreza energética, que alcanza, según ACA (Asociación de Ciencias ambientales), a 1,8 millones de personas y ahorraría a la administración unos 370€ por vivienda en costes sanitarios y laborales (según datos de Fundación La Casa que Ahorra), además de reducir el número de muertes adicionales de invierno debido a temperaturas frías en la vivienda, que actualmente se encuentra en 650 personas menores de 65 años.

En efecto, según WWF, el ahorro económico que se consigue mejorando el aislamiento de las viviendas es cuatro veces superior a los beneficios que se consiguen si tan sólo se modernizan los equipos de climatización o se instalan equipos solares en los edificios. Este ahorro alcanza hasta los 578€/año por vivienda (al menos el 50% de sus costes).

El potencial de ahorro energético anual también puede alcanzar a la industria española, situándolo en 13.600 GWh y 3,4 Mt de CO2, es decir 400 millones de euros al año.

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La rehabilitación evidencia unas cifras muy exiguas, con exigencias térmicas y de calidad escasas.

El efecto de la norma y la rehabilitación en la calidad edificatoria

A estas alturas seguir hablando de rehabilitación térmica resulta anacrónico en la medida que toda rehabilitación, si está bien planificada y ejecutada, puede extender sus beneficios hacia otros aspectos de la calidad edificatoria.

En este sentido se hace imprescindible que las exigencias térmicas, tanto en obra nueva como en rehabilitación, vayan acompañadas de la prohibición de empeorar las condiciones acústicas y de seguridad preexistentes, ya que con ello se garantiza no empeorar las condiciones de vida de los residentes en las edificaciones.

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