La ministra de Vivienda asegura que quien se opone a la Ley de Suelo “le hace un mal servicio a España y a los españoles”

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, aseguró a finales del mes de julio que quien se opone a la Ley de Suelo, “le hace un mal servicio a España y a los españoles”, ya que se trata de una normativa que “combate seriamente la especulación, fomenta la vivienda protegida y garantiza un urbanismo humano y la participación de los ciudadanos”. Con estas declaraciones, la ministra se refería al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo anunciado por la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aduce para justificar ese recurso que la norma estatal invade competencias autonómicas, aunque no lo consideraron así, en cambio, todos los grupos nacionalistas con representación parlamentaria, que dieron su apoyo a la Ley.

La nueva Ley de Suelo, que entró en vigor el pasado 1 de julio, ha sido la norma estatal reguladora del suelo que ha obtenido el mayor respaldo parlamentario de la democracia. Únicamente se opuso a su aprobación el PP, a pesar de que la norma contó con el apoyo de empresarios, agentes sociales y sindicatos. Desde el Ministerio de Vivienda se asume con normalidad que las comunidades puedan recurrir la Ley, como ha ocurrido con normativas de suelo anteriores. No obstante, manifiestan que no es cierto, como afirma la Comunidad de Madrid, que la norma estatal rebaje la reserva obligatoria de suelo protegido. Así, en el punto sobre Bases del régimen del suelo (artículo 10 de la Ley de Suelo) se especifica que la reserva para vivienda protegida será “determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación y, como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad prevista”. Es decir, son las comunidades las que pueden establecer el porcentaje que destinan a viviendas protegidas, pudiendo situarlo por encima de ese 30 por ciento mínimo que establece la norma estatal.

La norma estatal pone límites para que el patrimonio del suelo no se use como una vía de financiación de los Ayuntamientos, prohibiendo las subastas que encarecen el precio de los solares y, por ende, de las viviendas que se construirán sobre ellos.