Un proyecto país en agua en un mundo global

El agua es un derecho humano esencial para el disfrute de la vida y de todos los derechos humanos (Declaración de la Asamblea General de la ONU, 26.07.2010). Millones de personas en el mundo testificarían del no cumplimiento o de la casi nula implementación de este derecho en muchos territorios –900 millones no tienen agua potable, 2.600 millones carecen de saneamiento y 925 millones pasan hambre, con episodios extremos recurrentes de hambrunas como el que actualmente padecen 13 millones de personas en el llamado cuerno de África–.

Lamentablemente, la respuesta a las dos primeras preguntas es que la mayoría de los países 'sin el problema del agua resuelto' sí que disponen de recursos hídricos renovables suficientes, pero la política del agua, si existe, no es lo prioritaria que debería ser, careciendo de planes públicos de inversión suficientes en infraestructuras y tecnologías del agua que permitan pasar de unos recursos renovables a recursos disponibles. En consecuencia, la falta de inversiones en agua estrangula la vida de sus habitantes y, por supuesto, el desarrollo de sus economías. Y es que el efecto multiplicador sobre la economía de las inversiones en agua, aunque muchas veces omitido, es espectacular, especialmente sobre las economías en desarrollo y emergentes.

Podríamos sentenciar diciendo que los países que dan prioridad al agua con inversiones sostenidas en el tiempo —mejorando significativamente los indicadores de acceso, cantidad y calidad del suministro— experimentan crecimientos del PIB per cápita que multiplican la media del crecimiento mundial. Como casos destacados, China o Vietnam, durante el periodo 1990-2010: su renta per cápita se ha multiplicado por 14 y 12 respectivamente, mientras que la media mundial lo hizo por 2,2. En ambos países la política de Estado del agua es prioritaria y sus avances en los indicadores básicos de suministro son elocuentemente positivos. No obstante, la contaminación de las aguas está creciendo de forma preocupante.

En el otro extremo, países como Etiopía o Somalia se mantienen en el subdesarrollo al carecer de políticas de inversión en infraestructuras y tecnologías para la gestión del agua. La razón: solamente el 4,5% de los recursos hídricos renovables de Etiopía, y el 22,44% en el caso de Somalia, están disponibles al uso y son usados. En ambos casos, sus recursos hídricos per cápita al año —1.512 y 1.647 m³ respectivamente— podrían llegar a permitirles una economía diversificada y avanzada como, por ejemplo, la de Corea del Sur, donde, aún disponiendo ligeramente de menos recursos hídricos per cápita, 1.447 m³, los disponibles para el uso y usados (528 m³) representan el 36,54% y son suficientes para una de las economías más innovadoras, altamente industrializada y con un sector agrario capaz de garantizar la seguridad alimentaria del país.

Por consiguiente, y respondiendo a la tercera cuestión planteada, sería precisamente esta cantidad media, según mis estudios de unos 500 m³ per cápita al año (o su equivalente 1.370 litros por persona y día), la razonable que los gobiernos de los países de cualquier parte del mundo, a partir de recursos propios preferentemente y/o externos, deberían garantizar a sus poblaciones y economías. Sin duda, la implementación real del derecho universal al agua requiere de una definición completa que establezca los recursos hídricos disponibles per cápita mínimos necesarios para el abastecimiento, el saneamiento, la producción de alimentos y para el desarrollo, en general, de una economía diversificada y avanzada, a la vez que se asegura una adecuada protección ambiental de los recursos.

Las políticas del agua, en definitiva, deben ser políticas de Estado, prioritarias y a largo plazo, especialmente en los países en desarrollo, emergentes y en todos aquellos situados en regiones áridas y semiáridas del mundo. Sin olvidarnos de la obligada cooperación entre estados y territorios unidos por una misma cuenca hidrográfica, así como la cooperación y transferencia tecnológica de los países más avanzados y que atesoran una mayor experiencia en materia de agua.

Y en este contexto, un país como el nuestro, pionero en planificación hidrológica, en los modelos de gestión de cuencas hidrográficas y de comunidades de regantes (ambos tienen su origen en España), con centros de producción científica de prestigio y, especialmente, con un tejido empresarial amplio, diversificado, especializado, innovador y competitivo, puede y tiene la responsabilidad de liderar junto a otros países las soluciones a los problemas del agua en el mundo.

En una economía cada vez más globalizada y competitiva, definir y desarrollar un verdadero 'proyecto país' basado en las fortalezas y en los aspectos diferenciales de mayor valor añadido para cada territorio y para el resto del mundo, está resultando crucial en el progreso de los Estados. Sin duda alguna, España dispone de todo lo necesario para emprender un verdadero 'proyecto país en agua', como ya tienen países con realidades sectoriales menos importantes y ricas, caso de Holanda e Israel, o más recientemente, aunque con mucha fuerza, el impulsado por Corea del Sur.

Dos premisas y tres directrices para el éxito en esta empresa. En primer lugar, el proyecto, planificado a largo plazo como política de Estado, ha de estar liderado por el gobierno y el sector empresarial de forma coordinada y tiene que tener como misión el garantizar la gestión más innovadora y eficiente del agua en España posible, así como, el desarrollo internacional del sector y la creación de empleo en el mismo. Las directrices de actuación a implementar con determinación y profundidad son: 1/ Potenciación de la conciencia y cultura responsable e innovadora del agua en toda la sociedad; 2/ Innovación tecnológica en el sector; 3/ Estrategia de internacionalización y cooperación con 'marca país'.

España se ha ganado a lo largo de su historia ser uno de los países de referencia en la gestión del agua. Desarrollar nuestro actual potencial a través de estas directrices nos permitiría un liderazgo que nos corresponde, que puede crear mucho empleo y que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de millones de personas.

No ignoremos que invertir en la gestión del agua nos permite conciliar economía y ética, al situar a las personas en el centro del progreso.