La restructuración del sector automoción dibuja un escenario muy alejado del conocido antes de la crisis

El presidente de la Federación Catalana de Vendedores de Vehículos a Motor (Fecavem), Jaume Roura i Calls, y el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), Juan Antonio Sánchez Torres, señalan que la reestructuración que atraviesan las empresas del sector de la distribución dará lugar a un nuevo panorama alejado de los niveles previos a la crisis, los cuales 'no se volverán a repetir'.

Durante su intervención en el Foro de Automoción organizado por ambas asociaciones en Barcelona, Roura i Calls hizo referencia a las pérdidas de trabajo que esta reestructuración ha supuesto para Cataluña —que terminará el año con la perdida aproximada de 800 empleos— añadiendo que “la pyme catalana, al ser mayoritariamente familiar, está apostando por la recuperación de sus negocios y no podemos dejarla caer”.

Por su parte, Sánchez Torres —que representa a 4.600 concesionarios/servicios oficiales y 3.000 compraventas en España— incidió en esta idea al señalar que aunque el sector está sufriendo “un fuerte golpe” a causa de la crisis, con la pérdida de 40.000 puestos de trabajo y unas 2.500 empresas en estos cuatro años, los negocios que aún perviven “son precisamente los más solventes”.

Por su parte, el presidente de Fecavem se refirió a algunas de las dificultades que atraviesan los concesionarios y compraventas tanto en Cataluña como en el resto de España, como son la falta de financiación para su circulante, el listón inabordable de la garantía o la caída casi irrecuperable de la demanda, estrechamente vinculada a la falta de crédito. Referente a esta situación, remarcó que “el mercado del vehículo de ocasión (VO) es el que actualmente está generando mayores ventas, seguramente por la buena oferta actual o la mayor facilidad para financiar un coche de este tipo, el cual supone una menor cuota de riesgo para bancos y financieras”.

Así, en el marco de la inauguración del ‘Salón del Vehículo Garantizado de Ocasión’, recordó que el consumidor “encontrará una oferta de este tipo de vehículos, que le permitirá, a pesar de la situación, satisfacer la necesidad de tener un coche de calidad y con garantías”.

Sin embargo, según Sánchez Torres “las cifras aparentemente positivas del VO esconden también una triste realidad para las redes de distribución, ya que la crisis ha aumentado las operaciones entre particulares, hasta el punto de que ya concentran el 60% de las ventas de usados. La falta de financiación obliga a los compradores a pagar al contado y buscar precios muy baratos aunque sea sólo a costa de comprar chatarra, vehículos de más de diez años, muy rodados y sin garantías”.

Para solventar esta situación, ambos responsables coincidieron en solicitar al nuevo Ejecutivo que liderará Mariano Rajoy la adopción de “medidas drásticas para recuperar la economía y el empleo, algo que inevitablemente pasa por reactivar el sector de la automoción, cuya aportación representa entre el 4% y el 5% del PIB nacional y genera uno de cada diez puestos de trabajo”.

En este sentido, señaló que la recuperación de las ventas pasa necesariamente por la aprobación de un plan de achatarramiento de vehículos de elevada edad que podría basarse en ayudas directas a la compra, al igual que se hizo en su momento con el Prever y el 2000E, ambos “de probada eficacia”.

Esta medida no sólo reactivaría la demanda en un momento de extrema debilidad para el sector, sino que también combatiría el envejecimiento del parque automovilístico español: actualmente el 43,7% de los turismos supera los diez años de antigüedad, con los efectos negativos que conlleva para la seguridad vial y el medio ambiente.

Por su parte, la reducción del IVA en las compras de automóviles desde el 18% actual hasta un tipo reducido del 8% tendría un coste aproximado de 528 millones de euros para las arcas públicas, pero incrementaría la demanda en unos 150.000 vehículos, lo que a su vez generaría cerca de 364 millones de euros por la recaudación adicional directa derivada del Impuesto de Matriculación, en su caso, IVA, e impuestos sobre los combustibles, sin contar otros beneficios sociales medioambientales, que compensarían el coste total de la medida.