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La renta agraria descendió un 26% en los últimos cinco años

25/02/2011

25 de febrero de 2011

La renta agraria española descendió más de un 26% en los últimos cinco años, como consecuencia de la caída del precio de los productos agrícolas y el aumento continuado de los costes de producción, principalmente del precio de la energía. Las tarifas eléctricas han incrementado su término de potencia en un 455% y su término de energía en un 70% en este quinquenio, según afirmó hoy el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo.

Ante esta situación, Del Campo –que intervino hoy en Zaragoza en la jornada 'Agua y Agricultura' organizada por la Universidad de Zaragoza y la Confederación Hidrográfica del Ebro– advirtió que la nueva Política Agraria Común (PAC) que entrará en vigor en 2014 debe acometer las reformas necesarias para garantizar la estabilización de la renta de los agricultores españoles, posibilidad que ampara la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que cuenta con antecedentes en países como Canadá y Estados Unidos.

De esta forma, insistió que la nueva PAC debe reforzar las ayudas a la agricultura de regadío sostenible (o regadío modernizado), que se ha endeudado a largo plazo al transformar sus infraestructuras “en beneficio de la sociedad” para producir más y mejores alimentos con menor cantidad de agua. En este sentido, el presidente de Fenacore sugirió destinar al regadío parte de los fondos comunitarios orientados al llamado “segundo pilar de políticas de desarrollo rural”, ya que normalmente estos recursos no llegan a los agricultores, sino que se quedan en proyectos que los ayuntamientos o grupos de acción local deciden muchas veces por criterios exclusivamente políticos y no de interés agrícola.

Por otro lado, afirmó que la nueva PAC debe defender la competitividad del sector para asegurar el abastecimiento de productos agrarios de calidad a precios razonables para el consumidor, corrigiendo la competencia desleal que supone para los agricultores españoles la entrada en Europa de productos que no cumplen con los mismos criterios que se exigen a nuestras propias producciones.

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