Tribuna de opinión

El sector público es el principal financiador de las inversiones, a cuya cabeza se sitúa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, en concreto, la Dirección General del Agua; de otra parte, están las empresas que realizan los trabajos, las cuales para organizarse y ser eficaces necesitan conocer las previsiones de las administraciones públicas. Los fondos necesarios en régimen normal los aportan los Presupuestos Generales del Estado, los de las comunidades autónomas y los de los ayuntamientos, aunque hay situaciones en que se ven incrementados como sucede en la actualidad a causa de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por tanto, son conocidos por las empresas, pero sucede que esos presupuestos no son vinculantes y se pueden marginar ciertas actuaciones. Además, una cosa es el dinero que figura para cada actuación y otra bien distinta es lo que se gasta, esto es el grado de cumplimiento de la inversión (créditos definitivos/ pagos realizados) que muestra el grado de eficacia de la gestión por parte del órgano de contratación; grado de cumplimiento que debía ser del 100%, pero que a veces se sitúa en torno al 50%.

Para ayudar a las empresas, esos presupuestos deberían ser cada año de la cuantía del anterior incrementados en lo que suponga la inflación, pero varían mucho de unos a otros, por ello la inversión ni es sostenida ni sostenible en el tiempo, lo que unido a la posible demora de la aprobación del presupuesto crea una situación poco propicia para que hagan sus previsiones.

Se plantea así un reto útil para todos, conseguir que las inversiones contempladas por los presupuestos públicos sean vinculantes y reformar la Ley de Contratos del Sector Público para agilizar los trámites administrativos. No es de rigor que desde que surge la idea de una actuación hasta que se aprueba el proyecto pasen muchos meses, incluso años, e igual suceda desde que se alcanza ese hito hasta que se produce la adjudicación, ya que en este lapso el presupuesto se desactualiza, de ahí que sea muy importante que se arbitren mecanismos como puede ser la revisión de precios que garantice la actualización del presupuesto; si no se hace así las empresas se enfrentan a una pérdida económica real.

Es necesario arbitrar fórmulas que permitan la participación del capital privado – colaboración público-privada- en la construcción de las infraestructuras hidráulicas, para lo cual el primer paso es modificar la Ley de Desindexación y su reglamento. Alcanzar este reto supondrá una mejor y más eficiente gestión del capital invertido.

La irregularidad del presupuesto en cuantía y gestión ha propiciado una notoria pérdida de personal cualificado nada buena para España. La incertidumbre del volumen de inversión pública anual unida a su deficiente cumplimiento ha hecho que las empresas se hayan volcado al exterior, donde avaladas por sus grandes éxitos han logrado que su trabajo sea muy apreciado.

Además de la escasez y mala gestión del presupuesto, el sector camina bajo la constante amenaza de subidas excepcionales de precios y desabastecimientos a causa de acontecimientos imprevisibles, como los actuales, que producen el desequilibrio económico de los contratos y para los que no hay una respuesta inmediata y, si se produce, no alcanza a paliar todo el daño producido.

El agua, como sustancia imprescindible para la vida, desafortunadamente está sujeta a los avatares políticos, de forma que con cierta frecuencia la planificación y gestión de los recursos se hacen al margen de las recomendaciones de la ciencia y de la técnica, con resultados nada buenos para las personas, la sociedad y el medio ambiente. A veces el agua parece que es el enemigo de los políticos a juzgar como la tratan. Sobre esta materia hemos escrito con bastante frecuencia y lo seguiremos haciendo, sumándonos al debate sobre el precio del agua, que lo tiene según la Directiva Marco del Agua.