Castilla y León y sus nueve diputaciones afrontan la depuración de aguas de las poblaciones con menos de 500 habitantes

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y los presidentes y representantes de las nueve diputaciones provinciales firmaron el 28 de marzo el protocolo que regirá para el desarrollo del programa de depuración de aguas residuales en núcleos de población con menos de 500 habitantes equivalentes, tal y como se hizo en 2020 para los núcleos de población de 500 a dos mil habitantes equivalentes, actualmente en ejecución, y una vez que el programa de las localidades de más de dos mil habitantes “está ya realizado”.

Este protocolo, señalaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa, es el punto de partida para poder comenzar las obras en las más de mil localidades que, según las confederaciones hidrográficas, “no tienen vertido adecuado”. La actuación beneficiará a más de 250.000 personas y la inversión será similar a la contenida en el protocolo anterior, 125 millones de euros. Esa cantidad “será financiada de la misma manera”: el Ejecutivo autonómico aportará el 40 %; las diputaciones, otro 40 %, y los ayuntamientos asumirán el 20 % restante. “Cuando finalicen las obras previstas, el ‘vertido cero a nuestros ríos’ en la comunidad será una realidad”, destacó el consejero.

Suárez-Quiñones y los presidentes y representantes de las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León suscribieron el 28 de marzo, en el Centro e-LEA de la localidad vallisoletana de Urueña, un protocolo general de actuación para solucionar la depuración de las aguas en los núcleos con población inferior a 500 habitantes equivales.

Con él se pretende determinar el esquema básico de colaboración entre la comunidad y las diputaciones “para facilitar el establecimiento de un marco estable de actuación a futuro que garantice el cumplimiento de las exigencias normativas en materia de depuración de aguas residuales urbanas, en las localidades con población inferior a 500 habitantes equivalentes, ejecutando las infraestructuras precisas y garantizando su correcto mantenimiento y explotación”.

Mil serán las localidades en las que se actuará y en las que, en la actualidad y “según las confederaciones hidrográficas, no tienen un vertido adecuado a la normativa europea y estatal vigente. Las inversiones beneficiarán a más de 250.000 personas y supondrá la movilización de inversiones en torno a los 125 millones de euros (sin IVA).

Además, la Junta de Castilla y León “ayudará a las administraciones locales que lo soliciten, financiando su aportación a diez años en el caso de las diputaciones provinciales, y a 25 años en el caso de los ayuntamientos, con el objetivo de mitigar el esfuerzo presupuestario a las administraciones locales”, explicaron en una nota de prensa fuentes del Ejecutivo autonómico.

“Si bien se trata de una inversión similar al del tramo anterior, en torno a 125 millones, la ejecución abarca un número muchísimo mayor de infraestructuras, lo que exigirá multiplicar el esfuerzo de gestión y colaboración institucional entre todos los partícipes”, remarcó el consejero de Medio Ambiente.

Bajo este protocolo se creará un grupo de trabajo técnico entre la Junta y las diputaciones “para poder concretar y programar la ejecución de las infraestructuras e instalaciones de depuración que resulten necesarias. Este grupo deberá proponer el programa de actuaciones, comunicar a los municipios los resultados de las evaluaciones correspondientes a su ámbito y valorar cuál es la solución técnica más idónea para cada localidad o grupo de localidades en función de las características concretas de acuerdo con los criterios establecidos”, añadieron desde la Administración regional.

La elección de cada sistema de depuración se basará en la experiencia acumulada por parte de los Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y León en actuaciones proyectadas y ejecutadas en aglomeraciones similares en la Comunidad, así como en el Manual de Depuración de Pequeñas Localidades.

Los sistemas de depuración propuestos perseguirán, además de la depuración correcta de las aguas y, consecuentemente, la conservación de los cauces receptores, que el coste de mantenimiento de las instalaciones sea mínimo y siempre asumible para los escasos recursos económicos de los que disponen las entidades locales.

Como en el anterior programa de depuración de 500 a 2.000 habitantes equivalentes, en este tramo de menos de 500 habitantes equivalentes la Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Somacyl, también ejecutará las actuaciones y se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años.

Desarrollo del programa para localidades de entre 500 y dos mil habitantes equivalentes

El 9 de octubre de 2020, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firmó el protocolo general de actuación entre la comunidad y las nueve diputaciones provinciales para promover el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas en los municipios con población entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes.

Este programa abarca un total de 250 localidades con una dotación financiera de 125 millones de euros (40 % aporta la Junta, 40 % las diputaciones y 20 % los ayuntamientos beneficiarios), encontrándose en este momento en pleno desarrollo: tres depuradoras en explotación, 65 obras en ejecución, trece en fase de licitación, 45 localidades con proyectos redactados pendientes de la firma del convenio correspondiente, 89 proyectos en redacción y el resto de actuaciones en análisis previos. Actuaciones ejecutadas por la empresa pública Somacyl, que se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años.

El consejero ha destacado que con este protocolo firmado hoy se trata de hacer una “apuesta por la modernización y la sostenibilidad; por la defensa y el respeto de los ecosistemas naturales, de la limpieza y riqueza de los ríos y la calidad de los acuíferos, y la calidad, en general, del medio ambiente, compatible con el progreso económico y social”.

Suárez-Quiñones ha señalado, además, que “es un paso al frente en el compromiso con el mundo rural y el desarrollo de nuestros pueblos”, a la vez que ha subrayado que es un “ejemplo de cómo administraciones de distintos ámbitos de actuación y de diferentes signos políticos alcanzan acuerdos para la prestación de servicios básicos con el fin de potenciar el desarrollo poblacional e industrial en el medio rural” y “en beneficio de las personas de Castilla y León”.

Y en este contexto de compromiso entre instituciones, se aborda la ejecución de infraestructuras que garanticen una adecuada capacidad de tratamiento de las aguas residuales (tanto domésticas como de origen industrial) para reponerlas a los cauces de los ríos en las mejores condiciones, garantía de unas adecuadas condiciones de salubridad a la población y garantía de la preservación de la calidad de los cauces, disminuyendo la degradación provocada por los vertidos.

“Compromiso de las administraciones públicas, que han acometido un importante esfuerzo inversor en los últimos años, apoyadas por la disposición y aplicación de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la Unión Europea, con la preservación y protección del medio ambiente en beneficio de la calidad de vida de las personas y del crecimiento económico, favoreciendo el mantenimiento de las actividades productivas y sentando las bases para la localización y el asentamiento de nuevas actividades e iniciativas”, concluyó el consejero.