Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural

El MAPA ha presentado hoy una propuesta que reduce a siete los ecoesquemas y establece que el importe de la hectárea será siempre el mismo para cada tipo de superficie.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España se someterá a un proceso de consulta pública a finales de noviembre, en el marco del procedimiento de evaluación ambiental y previo a su envío a final de año a la Comisión Europea, a quien compete la aprobación definitiva del mismo. El objetivo es que los agricultores y ganaderos tengan garantizado el cobro de las ayudas a partir del 1 de enero de 2023.

Planas ha presidido hoy la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada por videoconferencia, en la que se han ultimado con las comunidades autónomas cuestiones pendientes del documento, como los ecoesquemas. Mientras que el grueso de los asuntos está ya cerrado, sobre todo en lo referente a las ayudas directas (primer pilar), aún queda por avanzar en el diseño de las acciones de desarrollo rural (segundo pilar). Las autonomías pueden enviar sus propuestas hasta final de octubre –ya lo han hecho nueve- para incorporar sus aportaciones al plan.

El ministro ha reconocido que los ecoesquemas constituyen el elemento más complejo en la elaboración del Plan Estratégico y que al tratarse de una figura de nueva creación en la PAC ha generado una lógica incertidumbre entre agricultores y ganaderos, porque además tienen un gran alcance pues suponen 1.107 millones de euros anuales, el 23% del total de las ayudas directas.

Los ecoesquemas consisten en la remuneración de prácticas beneficiosas para el medio ambiente que realicen los agricultores y ganaderos más allá de la condicionalidad exigida para tener derecho al cobro de ayudas.

Después de la intensa agenda mantenida por el grupo de trabajo entre julio y septiembre, el ministerio ha trasladado una propuesta de ecoesquemas con siete prácticas remunerables que permitirá que todos los agricultores y ganaderos tengan acceso al menos a uno de ellos. Para pastos permanentes y pastizales se contempla el pastoreo extensivo y la siega sostenible o dejar márgenes sin segar.

Para tierras de cultivo se puede optar por la rotación, la agricultura de conservación y siembra directa, o reservar superficies no productivas y elementos de paisaje. Esta reserva de superficies no productivas también es una opción para los cultivos permanentes, en los que se contempla también el mantenimiento de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas o inertes, dejando los restos triturados de poda en el suelo.

Según se ha podido conocer, habrá una práctica adicional relacionada con las superficies de regadío, que deberán contar con una herramienta reconocida por las comunidades para la gestión de agua de riego, un plan supervisado por un técnico y un cuaderno de explotación relativo al uso de fitosanitarios.

El importe por hectárea para cada tipo de superficie será siempre el mismo, independientemente de la práctica por la que se opte. Para efectos de pago, sobre cada hectárea solo podrá computar una práctica, aunque se puede realizar más de una práctica sobre la misma hectárea. El ministro ha señalado que el año 2023 servirá como experiencia piloto para evaluar el funcionamiento de los ecoesquemas y que permitirá calibrar mejor la aplicación de esta medida en 2024.

"La Comisión será muy celosa en la comprobación" de estos ecoesquemas, ha asegurado Planas, que ha añadido que otra de las cuestiones más debatidas ha sido la de la definición del agricultor profesional, en la que "no cabe discriminar entre categorías sin causar infracción al reglamento europeo".

Ha defendido el establecimiento de tres vías de entrada para la percepción de las ayudas directas, como son la afiliación al régimen agrario de la Seguridad Social, un mínimo del 25% de la renta procedente de la agricultura y percepción de hasta un máximo de 5.000 euros anuales.

El ministerio ha presentado también la propuesta para la ayuda básica a la renta, que concentra el 60% del presupuesto de las ayudas directas. Se establece un modelo de regionalización notablemente simplificado con respecto al actual, al pasar de 50 a 20 regiones.

El pago redistributivo, figura establecida por primera vez en España para una mayor equidad en el reparto de las ayudas, se establecerá sobre dos umbrales en cada una de las 20 regiones, de manera que las explotaciones de tamaño medio, más profesionales, recibirán más importe por este concepto, mientras que para las pequeñas que se sitúen por debajo del primer umbral tendrá un efecto neutro.

Para avanzar en la uniformidad de las ayudas dentro de una misma región de pago, se fija una convergencia del 85% en el año 2026 y del 100% en el 2029.

Asimismo, el ministro ha detallado que se irán introduciendo en la reserva nacional progresivamente aquellas producciones como la viña y las frutas y hortalizas para que puedan ser perceptoras de la nueva PAC además de recibir programas de apoyo, aunque ha descartado que puedan entrar "en una única anualidad"