Plantas de tratamiento de aguas, potabilizadoras y desaladoras: necesidad vs. rentabilidad

David Barquet, director general de TecnoConverting

30/08/2013
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España siempre ha sufrido los problemas del clima, largos periodos de sequía que nos han hecho tomar conciencia del valor del agua. Debido a todos estos problemas, hemos conseguido que nuestro país sea reconocido como una potencia en ingeniería y construcción tanto de plantas de tratamiento de aguas como en plantas potabilizadoras; basta con ver la cantidad de desaladoras, potabilizadoras y edars (estaciones de depuración de aguas residuales) que estamos construyendo por el mundo. Citar también la labor de grandes empresas como Acciona, Dragados, Aqualia o Cadagua, sin olvidar las empresas que dan servicio a estos gigantes como ingenierías o de bienes de equipo. Asimismo, hay un gran número de empresas pequeñas y medianas que construyen por todo el mundo, incluido China.

Toda esta tecnología ha sido ya instalada en España —actualmente tenemos potabilizadoras y desaladoras con un grado de calidad espectacular—, pero el problema viene a continuación: ¿Cómo se espera amortizar estas inversiones? O mejor dicho, ¿cómo se va a hacer frente a los costes de explotación de estas grandes instalaciones?

De momento ya se están tomando medidas: actualmente el recibo del agua ya ha aumentado y se espera que aumente aún más en un futuro muy próximo. Se está hablando de aumentos del 50% del importe, y claro, ya han empezado las reacciones.

Un artículo muy interesante aparecido en blogdelagua.com hace referencia a un dato: si la Administración Pública española usara agua del grifo en vez de agua embotellada para sus reuniones, entrevistas o seminarios, se ahorrarían alrededor de 50 millones de euros anuales. Si este mismo dato lo extrapolamos al resto de la ciudadanía, significaría un ahorro considerable para las familias y permitiría la inversión en mantenimiento para dichas plantas de tratamiento.

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Pero, ¿hasta qué punto es amortizable por el ciudadano una inversión como la de la desaladora de El Prat de Llobregat (Barcelona), una obra que ha costado 200 millones de euros? Tal vez la respuesta es que no tiene por qué ser amortizable, ya que hay inversiones como la construcción de hospitales cuyo objetivo no es ser rentables, ya que ofrecen un servicio al ciudadano. Evidentemente, los costes de explotación tienen que asumirlos la ciudadanía, pero su construcción no puede ser considerada como un gasto a recuperar con el tiempo. A partir de esta reflexión, se entiende, por ejemplo, que cuando nació la Agència Catalana de l'Aigua (Aca) ya naciera deficitaria, pues el coste en infraestructuras fue enorme en su momento. Con este razonamiento no se pretende defender una gestión basada en el derroche, bien al contrario, sino en comprender que ciertas inversiones son mejoras para la calidad de vida de toda una población.

Según un estudio presentado por la ONU, cada dólar invertido en agua en una comunidad repercute en 5 dólares de ahorro aproximadamente para esa comunidad. Por ejemplo, en las ciudades donde no llega el agua potable a todos sus rincones, provoca que la mayoría de niños o mujeres tengan que desplazarse hasta las fuentes a recoger agua. Eso hace que estos niños no reciban la educación necesaria o que estas mujeres no puedan trabajar. El agua en mal estado provoca enfermedades que afectan al sistema sanitario de la comunidad, además de los problemas laborales que conlleva. Por lo tanto, ¿valoramos correctamente las inversiones que estamos realizando en tratamiento de aguas?

Desde mi opinión, hay dos problemas principales. El primero de ellos es el concepto ‘free rider’, es decir, la persona que utiliza los medios que la sociedad dispone, pero que no está dispuesto a pagar y se aprovecha de ellos, desde una carretera hasta los servicios de Internet.

Tal vez el problema principal es la educación del ciudadano. Si preguntas a cualquier persona, por ejemplo, para qué sirve una depuradora, te dirá que es para depurar el agua que bebemos. La gente no sabe que las aguas negras tienen que tratarse antes de tirarlas al río o al mar. El ciudadano sólo sabe que girando la manecilla del grifo aparece agua y no entiende que detrás de ese simple gesto hay una inversión en infraestructuras y, sobre todo, en mantenimiento. Sin embargo, todo el mundo se queja cuando no sale agua del grifo. Actualmente, este mismo ciudadano está pagando entre 200 y 1.000 veces más por una botella de agua comprada en un supermercado que por el agua del grifo. Un ciudadano está dispuesto a pagar 60 euros al mes por disponer de un teléfono móvil y se queja por pagar 30 euros al mes por el recibo del agua. ¿Cuántas veces hemos visto desperdiciar el agua por dejarse un grifo abierto? La gente lo desprecia porque actualmente es gratis. Puedes entrar en un bar y pedir un vaso de agua del gripo y no te cobrarán. Todo el mundo entiende que el agua es imprescindible y no se le puede negar a nadie pero, por otro lado, la mayoría de las personas no la valoran porque es gratis.

El segundo problema son los gobiernos. Los gobiernos de todos los países han comprendido la necesidad de disponer de agua de calidad; entienden que sin el agua un país no puede prosperar. Por eso, Europa ha invertido grandes cantidades de dinero en ayudar a que los países de la Unión Europea mejoraran sus redes de abastecimiento y depuración. Así, en los últimos 15 años se han construido la mayoría de potabilizadoras, desaladoras y depuradoras que actualmente tenemos en España, sin tener en cuenta las ampliaciones de las plantas más antiguas. En este sentido, la inversión ha sido enorme, pero ¿qué sucede a continuación? Todas estas instalaciones requieren inversiones en mantenimiento y es aquí donde los países que están afectados por la crisis empiezan a cometer grandes errores: por ejemplo, para subsanar el coste de dichas inversiones aumentan el recibo del agua, pero en cambio reducen las partidas en mantenimiento. ¿Cómo le explicas al ciudadano un aumento de su recibo y que, a la vez, la calidad del agua tratada es menor que antes? Lamentablemente, la de revisar a la baja las partidas en mantenimiento es una medida comúnmente aceptada en el sector del agua y en el sector público en general. Llegados a este punto, la responsabilidad es de los gobiernos.

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