Una reforma tarifaria fatal para el regadío
El pasado mes de agosto el Gobierno aprobaba una reforma tarifaria del consumo eléctrico que resulta especialmente devastadora para el regadío, hasta el punto de que muchos agricultores piensan ya si seguir adelante vale la pena.
Aunque el Gobierno anunció que la subida media sería en torno a un 3,2%, pronto pudimos comprobar que el regadío andaluz iba a estar muy lejos de esa media, y que el impacto sobre nuestras comunidades iba a ser mucho mayor, concretamente de más del 20%.
El problema además es que esta subida se produce después de años de incremento progresivo de las tarifas eléctricas. Dicho de otra forma, este nuevo repecho nos llega después de años subiendo cuestas, extenuados por una etapa de montaña que parece no tener fin.
Concretamente, los regantes andaluces hemos tenido que soportar un aumento del precio de la tarifa más habitual (6,1) sencillamente disparatado: de 7,773 a 105,3994 euros/kW/año. Estamos hablando de un sobrecoste de 90 millones de euros, en un contexto de crisis agrícola, caía de precios y dificultades financieras.
Dificultades financieras agravadas además por un esfuerzo de modernización que, paradójicamente, está llevando a las comunidades a gastar más energía. ¿Quién va a modernizar a partir de ahora? ¿Qué sentido tiene que las administraciones desincentiven con estas tarifas la modernización que alientan con ayudas públicas autonómicas, nacionales y europeas?
La contradicción es flagrante y además dramática para el regadío. Algunas explotaciones ya han sido abandonadas ante su falta de rentabilidad, y esto no ha hecho más que comenzar. Cuando empiecen a llegar las nuevas facturas, muchas comunidades se darán cuenta de que no pueden pagar las inversiones realizadas. No quiero ser agorera, pero, o esto se cambia, o se va a perder mucho empleo y riqueza en nuestra región.
El Ministerio de Industria ha mostrado su falta de eficacia e ideas, perpetrando unas tarifas que ayudan al sector industrial a costa de perjudicar al agrícola, sin corregir la rigidez del sistema que obliga al regadío a soportar unos costes de potencia que no utiliza en la mayor parte del año.
En Feragua, asociación que aglutina más de 300.000 hectáreas, un 33% de la superficie regable en Andalucía, consideramos que el Ministerio de Industria debe recapacitar y modificar una Ley que ahora mismo es una sentencia de condena sobre el regadío. Hay que buscar fórmulas que permitan a los regantes pagar por la energía que utilizan, adaptándose a sus patrones de consumo.
Esperemos que el Ministerio de Agricultura nos ayude en nuestras reivindicaciones ante Industria. Y esperamos también contar con el apoyo de las nuevas consejeras de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Confío en hacerles conscientes de que esta reforma es fatal para un sector clave de la economía española y andaluza, precisamente uno de los sectores refugio que mantiene la producción y el empleo cuando hay crisis y todo va mal.
