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Una Reforma de la PAC que asegure nuestro modelo europeo de producción agroalimentaria

Pedro Barato, presidente nacional de Asaja03/09/2012

3 de septiembre de 2012

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Para nosotros las propuestas avanzadas por la Comisión hasta ahora hacen caso omiso al llamamiento que, desde los más variados foros internacionales, se hace para incrementar la capacidad productiva, promover la seguridad alimentaria y favorecer un crecimiento económico sostenible. En lugar de ello, la Comisión propone una serie de medidas, en especial las relativas a la 'ecologización obligatoria', que limitan la capacidad del sector productor europeo para ser competitivos en un mercado cada vez más globalizado y volátil.

En otro orden de cosas, no encontramos en las propuestas presentadas ninguna aportación al objetivo de simplificación de la PAC. Bien al contrario, las propuestas en materia de condicionalidad, ecologización, topes, reducciones y compensaciones, así como las definiciones, entre ellas la de 'agricultor activo', sembrarán más confusión en la sociedad, mayor burocracia para los profesionales agrarios y más carga administrativa para los gobiernos.

Este periodo es crucial para reorientar las propuestas y alcanzar un acuerdo para una reforma de la PAC acorde con las necesidades futuras, tanto en términos alimentarios, como de búsqueda de soluciones a nuestra dependencia energética

Según Asaja:

-El empresario agrario necesita, a fin de poder planificar e invertir en la explotación, disponer de una PAC clara, simple y que le ofrezca estabilidad y perdurabilidad en el tiempo.

-Requisito previo a la adopción de cualquier reforma de la PAC es conocer el presupuesto cierto que la UE pretende destinar a la Política Agraria de la UE. Éste debe ser suficiente para abordar las exigencias que la propia UE impone a sus productores agrarios.

-Los Fondos de la PAC se deben orientar hacia un modelo de 'agricultura activa', que favorezca la inversión en la explotación, genere riqueza y desarrollo en el medio rural y donde la producción de alimentos sea el objetivo prioritario.

-La PAC debe respetar la diversidad de producciones y tipos de agricultura en la UE, por lo que rechazamos un pago uniforme que no contemple las diferentes realidades productivas y reclamamos criterios objetivos y no discriminatorios que tengan en cuenta la realidad y la diversidad productiva en todo el territorio español. Cualquier modificación del régimen actual debe implicar un periodo transitorio y un punto de partida adecuados, que eviten cambios traumáticos en las estructuras productivas.

-La ganadería es la gran olvidada de estas propuestas de reforma. Se deben incorporar las disposiciones oportunas para evitar que este sector resulte perjudicado por la nueva normativa.

-Es imprescindible delimitar, de forma clara, el número de hectáreas elegibles para percibir los pagos directos de la PAC, acotándolo a aquellas superficies agrarias utilizadas para producción agrícola y/o ganadera.

-También es importante tener una fecha de referencia para la asignación de los nuevos derechos de pago, a fin de evitar posibles movimientos especulativos ajenos al sector. La decisión de optar por 2011 nos parece correcta, si bien se deben tomar de forma urgente las disposiciones necesarias para ofrecer seguridad jurídica en los casos de transmisiones justificadas de las explotaciones.

-Rechazamos la propuesta de un pago en función de prácticas beneficiosas para el clima y el medioambiente ('Greening'), que en realidad es una nueva imposición y mayores costes productivos, a la vez que vacía de contenido una parte esencial del segundo pilar de la PAC. La 'condicionalidad' es requisito más que suficiente y garantía de cumplimiento de una práctica agrícola beneficiosa para el medioambiente.

-Los 'Pagos Asociados Voluntarios' son, según las propuestas, el único mecanismo que la Comisión propone para intentar corregir los desequilibrios que el nuevo sistema de ayudas puede provocar, especialmente en la agricultura más intensiva y la ganadería en general. Habrá que prestar atención especial a esta medida, ya que el montante propuesto no es suficiente para abordar estas situaciones especificas.

-Asaja solo contempla la posibilidad de transferencias de fondos entre pilares si esta se realiza de fondos procedentes de medidas de desarrollo rural hacia pagos directos, dentro del primer pilar.

-Se deben reforzar los mecanismos y herramientas de gestión de mercado, actualizando los importes de referencia, y que ofrezcan una respuesta ágil y eficaz a las fluctuaciones de un mercado cada vez más volátil. Y fortalecer el papel de las interprofesionales y adecuar la política de competencia a la realidad del sector. Asimismo, se debe reactivar la protección de la agricultura europea frente a la competencia desleal ejercida por países terceros aplicando un riguroso sistema de reciprocidad.

-Y finalmente, para incentivar la competitividad de la agricultura, la política de desarrollo rural se debe centrar en cuatro elementos: las inversiones en las explotaciones y en infraestructuras agrarias, medidas agroambientales, la formación, el asesoramiento y el relevo generacional (apoyando el abandono mediante cese anticipado y/o reestructuración de sectores no competitivos y la incorporación de jóvenes), así como un reconocimiento del papel de la mujer en el medio rural, tanto al frente de la explotación como en actividades relacionadas con el entorno rural.

La discusión de estas propuestas ya ha comenzado y se espera que los reglamentos definitivos no estén listos antes de la próxima primavera, por lo que aún queda tiempo para intentar corregir el impacto negativo que estas propuestas tendrían en el diverso mapa productivo nacional y regional.

El periodo actual es crucial para poder reorientar las propuestas y alcanzar un acuerdo para una reforma de la PAC acorde con las necesidades futuras, tanto en términos alimentarios, como de búsqueda de soluciones a nuestra dependencia energética, en consonancia con las preocupaciones medioambientales y sociolaborales. Una reforma que asegure nuestro modelo europeo de producción agroalimentaria y el equilibrio entre todas las regiones que componen el territorio de la UE. En definitiva, propiciar las condiciones para contar con una agricultura sostenible, productiva y competitiva en el mercado.

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