La Ley del Olivar introducirá nuevas medidas que apoyen el liderazgo andaluz en el sector

La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha subrayado la relevancia de esta normativa, única en Europa “para un sector como el olivar”, del que ha recalcado su carácter “estratégico como fuente de riqueza y empleo, elemento de cohesión social, sistema de alto valor ambiental y configurador del territorio y la cultura andaluza”. El olivar constituye, ha señalado, un sector económico “de primer nivel” para la Comunidad.

En su elaboración, la normativa ha supuesto un largo proceso de diálogo con organizaciones y agentes del sector, que se ha materializado en la celebración de más de 80 reuniones y jornadas. El texto, que será remitido al Parlamento para su aprobación definitiva, plantea un doble enfoque de fomento sectorial y de cohesión territorial mediante la aplicación de fórmulas de colaboración público-privada. Entre otras novedades, establece la figura de los contratos territoriales que los titulares de fincas podrán suscribir con la Administración autonómica, a título individual o agrupados por zonas. En estos documentos quedarán definidos tanto los compromisos de los agricultores para mejorar la gestión integral de sus explotaciones en las vertientes productiva, ambiental y social, como las contrapartidas económicas que recibirán por llevarlos a cabo. Aguilera ha precisado que los contratos territoriales de zona se centrarán en el desarrollo de acciones “compatibles y complementarias” con la actividad, pero fuera de su ámbito de explotación económica, mientras que los contratos individuales estarán referidos al desarrollo de acciones productivas dirigidas a la mejora de la explotación. Para garantizar la cohesión territorial y el mantenimiento de la renta, igualmente novedoso es el reequilibrio que el proyecto normativo introduce en el sistema de ayudas públicas, mediante un reparto asimétrico de los recursos disponibles orientado a facilitar mayor apoyo a los olivareros que más lo necesitan.

Las medidas de fomento previstas se desarrollarán a través del Plan Director del Olivar, que se aprobará en el plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la ley y determinará la intervención y la colaboración pública-privada en aquellos territorios en los que la producción de la aceituna o de aceite de oliva es fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural.

Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas y 320.000 explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo, el 40% de la producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de toneladas) y el 20% de la de aceituna de mesa (400.000 toneladas). Ambas producciones tienen un gran peso en la balanza comercial andaluza, con unas exportaciones que representan el 21% y el 7% del total de ventas de productos agroalimentarios al exterior, respectivamente. El aceite de oliva supone el 24% del valor de la producción agraria regional. El olivar andaluz, que representa el 60% de la superficie olivarera española, se distribuye por las ocho provincias, con especial relevancia en Jaén, el sur de Córdoba, el noroeste de Granada, el norte de Málaga y sudeste de Sevilla. La actividad vinculada a sus explotaciones genera más de 22 millones de jornales al año.